Grandes tenedores como Azora, Axa y Hines recurren el tope al alquiler en Cataluña

Ofensiva judicial de los grandes propietarios de viviendas en alquiler contra el control de rentas en Cataluña. Justo cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la medida, elEconomista.es ha confirmado que grandes tenedores como Azora, Vivenio, Grupo Lar, Axa o Hines han interpuesto un recurso ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC), la máxima instancia judicial a nivel autonómico.

La acción se ha vehiculado a través de la patronal Asipa (Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler) y ya ha sido admitida a trámite. Conviene matizar que no todos los asociados de la organización cuentan con activos residenciales en arrendamiento.

En concreto, la patronal ha recurrido la segunda declaración de zonas de mercado residencial tensionado llevada a cabo por la Generalitat de Cataluña. Esta medida, adoptada en julio del año pasado, cubre 131 municipios, a los que deben sumarse 140 localidades incluidas en una resolución anterior. Fuentes del mercado inmobiliario subrayan que Asipa no impugnó la primera declaración, aunque otras entidades sí lo hicieron. Actualmente, el 90% de la población catalana, más de siete millones de personas, vive bajo el control de rentas.

Política "contraproducente"

En declaraciones a este medio, un portavoz de Asipa argumenta que "este tipo de medidas son contraproducentes porque no tienen como efecto la bajada de precios, como ya se ha demostrado en otras ciudades de países vecinos donde se impuso; de hecho, provoca la retirada de viviendas del mercado". "Además, desincentiva la inversión en el alquiler residencial, tanto de particulares como del ahorro institucional que es tan necesario. No es una medida que ataje el problema de raíz, que es la falta de oferta", señala este interlocutor.

Por el momento, la admisión a trámite del contencioso, que se produjo el pasado 3 de marzo, ha activado los mecanismos consabidos en este tipo de litigios. Ahora, el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica deberá remitir el expediente administrativo completo al TSJC, que en ese momento emplazará a Asipa a formular escrito de demanda. Mientras avance el procedimiento y hasta que se formule sentencia, el tribunal resolverá sobre las medidas cautelares solicitadas por Asipa.

Si los magistrados avalasen las cautelares, se suspenderían los efectos de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Esto es, se detendría la aplicación de los precios máximos hasta que se resolviera el fondo del asunto.

Menos inversión y menos oferta

Hasta la fecha, Cataluña es la única comunidad que ha aplicado el cepo a los arrendamientos contemplado en la ley nacional de vivienda aprobada en 2023. Cabe recordar, además, que las declaraciones de zonas tensionadas se produjeron en un contexto preelectoral, después de la convocatoria anticipada de elecciones por parte del president Pere Aragonès.

En los municipios tensionados, el alquiler de los nuevos contratos no puede superar el precio del último contrato vigente en los últimos cinco años, una vez aplicada la cláusula de actualización anual. Además, cuando se trate de un gran tenedor, es decir, un propietario con cinco o más inmuebles, el alquiler no puede sobrepasar el índice de referencia del precio del alquiler.

Ayer, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, acompañada por su homóloga catalana Sílvia Paneque, sacó pecho por la bajada del 3,7% del precio en el conjunto de los primeros 140 municipios topados, y del 6,4% solo en Barcelona. "A los agoreros, hoy les decimos que es posible intervenir el mercado del alquiler para bajar los precios y mantener la estabilidad de los inquilinos", declaró la ministra.

También argumentó que el Gobierno trabaja por "una mayor oferta" del mercado de alquiler. Las palabras de Rodríguez enlazan con las señales de alerta mandadas desde el sector. Tras un año desde la entrada en vigor de la limitación de los precios, la disponibilidad de pisos se ha visto fuertemente afectada, con un ajuste de 40.000 viviendas menos en el mercado, según datos del portal Fotocasa.

También las cifras del Observatorio del Alquiler apuntan en la misma dirección. Según esta entidad, la reducción del stock en este último año ha sido de 39.785 viviendas, lo que supone una caída del 25,7%, y sitúa a Cataluña con 114.878 pisos. Este ajuste es "uno de los datos más acusados del país", según el observatorio.

Por otro lado, el control de precios también ha retraído la inversión en el segmento residencial en Cataluña. Según la consultora CBRE, entre 2019 y 2024, el capital movilizado en el multifamily —categoría que comprende las construcciones con viviendas destinadas al cobro de rentas— se desplomó casi un 30% en Barcelona.