El PSOE depende de Génova para aprobar en el Congreso una ley del suelo que "evite extorsiones"

La reforma de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que han impulsado desde el POSE para "evitar chantajes y extorsiones en el urbanismo", tiene muy complicado superar hoy su primer examen parlamentario. El Gobierno se ha quedado en este frente sin el respaldo de sus socios Sumar, Podemos, ERC y Junts, por lo que la aprobación de esta normativa en el Pleno del Congreso de los Diputados dependerá del Partido Popular.

Pese a que desde Génova no se han pronunciado de forma oficial al respecto, en el sector inmobiliario aseguran y lamentan que los de Feijó no están por la labor de ayudar a los socialistas.

Ayer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se pronunció durante su discurso en SIMA al respecto afirmando que "es complicado que el Ejecutivo pretenda aprobar la Ley del Suelo con unos socios diferentes a los que respaldaron la Ley de Vivienda".

En caso de no salir adelante, este sería el segundo revés en esta semana para el PSOE después de que este martes el PP tirase abajo su proposición de ley contra el proxenetismo.

Desde el Ministerio de Vivienda aseguran están "abiertos a mejorar el texto" y a aceptar enmiendas parciales y negociar con todos los grupos, incluido el PP, para "ser capaces de intentar llegar a acuerdos y que esta propuesta pueda salir adelante con el mayor consenso posible".

Así, destacan que el objetivo de esta modificación de la ley del suelo es aportar "seguridad jurídica al urbanismo, evitando cualquier forma de chantaje o extorsión y evitar la especulación urbanística para que la transparencia y seguridad sean elementos de referencia en el urbanismo español". "No podemos desperdiciar esta oportunidad", destacan desde la cartera que dirige Isabel Rodríguez apelando "al debate y consenso político para solucionar este problema real", ya que con la actual normativa " se han tumbado ya unos 100 planes en toda España".

Fuentes Vivienda aseguran que esta nueva ley "no va a favorecer pelotazos urbanísticos" tal y como han denunciado desde la oposición. "Al contrario, se establece un marco regulatorio muy sólido y reclamado no solo por la jurisprudencia, también por el sector. Si queremos tener ciudades sostenibles y planificación suficiente para generar suelos y producir vivienda es imprescindible tener las herramientas necesarias como es esta modificación legislativa", destacan.

Con la normativa actual, cada vez que se aprobaba una nulidad en alguna parte del Plan General de Ordenación Urbana esta conllevaba la nulidad total, incluso en caso de defectos formales. "Esto ha provocado una gran inseguridad jurídica estos años ya que hay despachos de abogados especializados en materia urbanística que se han dedicado estos años a identificar las debilidades de los planes para recurrirlos y pedir contra prestaciones económicas a cambio de retirar los recursos", apuntan desde el Ministerio de Vivienda, que destacan que "en el texto de la modificación se ha incluido de forma expresa que esto ya no puede ocurrir".

Asimismo, se permitirá corregir en el plazo de un año, con posibilidad de ampliar seis meses más, cualquier infracción formal de un plan urbanístico sin que se tenga que anular por completo, como pasaba hasta el momento

Por otro lado, entre las novedades que se encuentran en esta modificación y con el objetivo de acelerar la puesta en el mercado de vivienda asequible se encuentra el "silencio positivo". Hasta ahora en la administración se trabaja con silencio negativo, por lo que si en el plazo de seis meses no se han pronunciado sobre un proyecto se entiende que este ha sido rechazado. "Sin embargo, ahora en el caso de los proyectos de vivienda pública impulsados por cualquiera de las administraciones o entes públicos el silencio será considerado como una respuesta positiva en el plazo de seis meses, salvo que la normativa urbanística de cada región precise otro plazo distinto", detallan fuentes de Vivienda.