Cataluña empezará a topar los precios del alquiler en febrero

La Generalitat de Cataluña prevé poder empezar a topar los precios del alquiler en 140 municipios a partir de febrero, una vez se completen los trámites y autorizaciones que dependen del Gobierno. Así lo ha anunciado la consejera catalana de Territorio, Ester Capella, tras reunirse con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Cataluña ha sido la CCAA pionera en activar los trámites para aplicar la Ley de Vivienda estatal, pero su aplicación depende de las validaciones de la administración central. La Generalitat ya presentó el pasado verano la lista de 140 municipios en los que considera que hay una elevada dificultad para acceder a la vivienda, y en los que prevé imponer límite al precio del alquiler.

Se trata, en su mayoría, de municipios del área metropolitana de Barcelona y de las capitales de provincia (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona). En total, en ellos viven 6,2 millones de personas, el 80,6% de la población de Cataluña.

En las zonas declaradas como mercado residencial tensionado, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente en los últimos cinco años, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de ese contrato. Y, además, cuando se trate de un gran tenedor -propietario de al menos cinco pisos urbanos-, el alquiler no podrá ser superior al Índice de referencia del precio de alquiler.

La Generalitat ya creó hace años su propio índice de precios de referencia del alquiler, mientras que el Gobierno prevé publicar el Índice de Precios de Referencia de Alquiler estatal, previsto en la Ley de Vivienda, a lo largo del mes de febrero.

Desde el Ejecutivo catalán inciden en que la Ley de Vivienda prevé un sistema de índices, no uno único para toda España, y que el acuerdo político entre Gobierno y Generalitat supone que el índice catalán se adaptará con algunos matices para armonizarlo con el trabajado por el Ministerio.

Concretamente, la Generalitat ha detallado en un comunicado que se generará un nuevo sistema de índice de referencia, que no será homogéneo para todo el Estado, que combinará el que ya había elaborado Cataluña y el que está trabajando el Ministerio.

Se da la paradoja de que, después de varias leyes de vivienda regionales anuladas por el Tribunal Constitucional en los últimos años, ahora es el Parlamento catalán el que ha aprobado recurrir ante dicho tribunal la normativa nacional, aduciendo invasión de competencias.

Con todo, este recurso está todavía en negociación, ya que la Generalitat lo incluyó en la lista de recursos a negociar con el Gobierno para intentar llegar a acuerdos institucionales y desjudicializar la política. Y en cualquier caso, no afecta al ámbito de la contención de precios de los alquileres, apuntan desde el Govern.

Inversión estatal en Cataluña

Tras la reunión, el Gobierno ha destacado una inversión actual estatal en vivienda de hasta 628 millones de euros en Cataluña, repartida en varios planes.

Así, dentro del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, el Gobierno central se ha comprometido a realizar una inversión de más de 200 millones, donde ya se han transferido más de 100 millones, y está previsto en 2024 una transferencia de más de 52 millones para acometer actuaciones como ayudas al alquiler e incremento del parque público; un total de 13 programas para mejorar el acceso a la vivienda de la ciudadanía.

A su vez, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Generalitat ya ha recibido para la rehabilitación de vivienda y regeneración de barrios un total de 298 millones, que se suman a los 126 millones para la promoción de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. En definitiva, en el período 2021-2023 se ha transferido ya un total de 424 millones de euros del PRTR.

Por último, con cargo al PIREP Autonómico (Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos para las Comunidades y Ciudades Autónomas), la inversión es de casi 78 millones de euros, mientras que la del PIREP Local supera los 104 millones de euros.

El PIREP persigue la rehabilitación de edificios de uso y titularidad públicos desde una visión integral de la rehabilitación y para todo tipo de edificios públicos, con el fin de ayudar a cumplir el reto de disponer de un parque de calidad y alta eficiencia energética descarbonizado en 2050, en línea con los objetivos de lucha contra el cambio climático.