La 'okupación' gana tiempo en España: aumenta el plazo para echar a un okupa

La 'okupación', uno de los ítems más controversiales de la nueva ley de vivienda, sigue abriendo el debate. Y es que la normativa, además, de poner "barreras" al procedimiento de desalojo ahora "ralentiza" a dos años el proceso de devolución de las viviendas a sus propietarios.

La Ley de Vivienda, que fue aprobada el pasado 26 de mayo, mantiene vivo un ítem que ha sido duramente criticado por diferentes sectores, y que reactiva el debate sobre el desalojo de la 'okupación' en el país.

En primer lugar, para situar y entender lo que es 'okupar' es importante definirla. La RAE define que es "tomar una vivienda o un local deshabitados e instalarse en ellos sin el consentimiento de su propietario"

Una acción que, en el margen legal, la Justicia relaciona con el delito leve de usurpación de inmuebles, el cual se produce, según el artículo 245 del Código Penal, "cuando alguien ocupa, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyen la morada de nadie".

Casi 2 años para desalojar

Con datos actualizados, en España, según datos que evidencia el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recogidos por Idealista, el plazo medio se ha ampliado hasta alcanzar 20,5 meses, entre los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y los de las Audiencias Provinciales.

Según el CGPJ, el periodo medio de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de lo Civil se situó en 10,9 meses en 2022, frente a los 9,6 meses de un año antes. En cuatro años, el plazo se ha duplicado (en 2018, el promedio era de 4,9 meses).

A esa duración hay que añadir lo que tardan las "apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales en procedimientos civiles, que en 2022 registraron una media de 9,6 meses, también por encima de los 8,5 meses de los dos años anteriores y de los menos de 7 meses contabilizados en 2017 y 2018".

"En ambos casos, se trata de la cifra más alta de la serie histórica del CGPJ y eleva el plazo medio total en más de dos meses respecto a 2021, tras pasar de 18,1 meses a los 20,5 actuales. Sin embargo, los datos difieren en función de las comunidades autónomas", sentencia el portal inmobiliario.