Talgo ampliará capital para dar entrada a la SEPI con un 7,9% de sus acciones

El fabricante de trenes Talgo ha invitado formalmente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a participar en una operación de refuerzo de capital que contempla una inversión total de hasta 150 millones de euros por parte de varios actores implicados en el cambio de accionariado.

Esta propuesta, en realidad, fue acordada la semana pasada entre los presidentes del Gobierno de España y Gobierno Vasco, Pedro Sánchez e Imanol Pradales, pero no desvelaron los términos del acuerdo. La estructura financiera de la operación implica que Talgo ejecute una ampliación de capital de 45 millones de euros que suscribiría íntegramente la SEPI, y en paralelo, que el fondo público aportase otros 30 millones de euros en forma de obligaciones convertibles.

En paralelo, el Gobierno Vasco y sus socios aportarán otro préstamo convertible de 75 millones de euros que será suscrito por el fondo público-privado vasco Ekarpen, las fundaciones bancarias BBK y Vital, y la sociedad Clerbil, propiedad de José Antonio Jainaga, dueño de Sidenor. La operación está sujeta a la aprobación de la junta extraordinaria de accionistas y se espera que se resuelva antes del Consejo de Ministros del próximo martes 29 de julio.

El reparto de ese préstamo se distribuirá en una aportación de 50 millones por parte de los socios de Ekarpen (Kutxabank pondrá 22,22 millones; el Gobierno Vasco otros 17,4; la diputación de Vizcaya 3,5 millones; la de Guipúzcoa otros 2,2 y la de Álava un millón) mientras que el resto de socios del consorcio comprador, Jainaga, BBK y Vital, aportarán otros 25 millones.

Compra a 4,25 euros

La entrada de la SEPI en el capital de Talgo, pendiente de aprobación en su Consejo de Administración y en el Consejo de Ministros del próximo martes, se traducirá en la adquisición por parte del Estado de 10.588.235 nuevas acciones del fabricante a un precio de emisión de 4,25 euros por título, hasta hacer un total de 45 millones de euros.

En este escenario, la participación resultante de la SEPI en el capital social de Talgo sería del 7,87%, lo que convertiría al Estado en el cuarto accionista de la compañía ferroviaria. Por encima, se situarían el resto de socios del consorcio entrante: Clerbil (Jainaga), Finkatuz (Gobierno Vasco) y BBK tomarían un 8,06% del capital aportando 45 millones cada uno; mientras que la fundación Vital se quedaría con el 3,58% poniendo 20 millones de euros.

Tras la ampliación de capital, el 29,77% del capital social de Talgo que el consorcio vasco acordó adquirir a Trilantic pasará a representar el 27,43% del accionariado, debido a la dilución provocada por la entrada de la SEPI como nuevo socio con la suscripción de 10,6 millones de acciones.

Salvo que vendan sus títulos, compartirán presencia en el capital con la familia Torrente Blasco (Torrblas), dueña del 5% de las acciones; con Torreal, el 'family office' de la familia Abelló, que aún conserva un 3%; y con distintos miembros de la familia Oriol, incluido el actual presidente de la empresa, Carlos de Palacio, que en conjunto ostentan otro 7% del capital.

El Estado comprará más caro

Los 4,25 euros por título a abonar por la SEPI se sitúan por encima de los 4,15 euros que pactaron Jainaga, BBK, Vital y el Gobierno Vasco con el fondo vendedor, Trilantic. Aunque el pacto incluye el abono de un variable de 0,65 euros por acción en caso de que se cumplan determinadas condiciones financieras en los ejercicios 2027 y 2028 que el mercado ya da por hecho que no se cumplirán dada la difícil situación financiera de la compañía.

Esta ampliación se plantea con exclusión del derecho de suscripción preferente, lo que permitirá a la SEPI entrar directamente en el capital sin dilución proporcional para los accionistas actuales. Tras la operación, el número total de acciones en circulación ascendería a 134.448.449, frente a los 123,86 millones actuales.

Con todo este complejo esquema, Talgo podrá completar la reestructuración de su deuda, que supera los 400 millones de euros, para así reflotar la compañía del rumbo que ha tomado en los últimos meses, sumida en una grave crisis financiera tras la multa de 116 millones de Renfe y los retrasos en la entrega de pedidos.