Los taxistas aplazan al 28 de mayo su protesta en Madrid por la concesión de 8.500 licencias a Cabify

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha aplazado al próximo 28 de mayo la manifestación convocada en la capital para denunciar lo que considera un "fraude acreditado" en la concesión de 8.500 nuevas autorizaciones de VTC a Cabify. La protesta, inicialmente prevista para el martes 20 de mayo, mantendrá el recorrido previsto por el Paseo de la Castellana, pero se retrasará una semana tras recibir una "avalancha de peticiones" de participación de taxistas procedentes de otras comunidades autónomas.

Con este cambio de fecha, el sector busca convertir la movilización en una protesta de ámbito nacional, ante una situación que, según la FPTM, excede los límites de la Comunidad de Madrid y amenaza con extenderse por toda España si las Administraciones no toman medidas.

La marcha arrancará a las 10:00 desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Desde ahí recorrerá el Paseo de la Castellana hasta la calle Raimundo Fernández Villaverde, donde concluirá frente a la sede de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. En su recorrido, los representantes del sector realizarán una parada frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para entregar un escrito con sus reivindicaciones.

La movilización se enmarca en la denuncia formulada por la FPTM contra el procedimiento seguido por Cabify para solicitar estas licencias. Según la federación, la empresa presentó documentación aparentemente en regla, pero los vehículos asociados a esas solicitudes no estaban disponibles ni eran de su propiedad. "Se ha documentado que muchos de los coches ya se habían vendido o eran vehículos en régimen de renting, lo que evidencia que no estaban realmente destinados a prestar servicio", asegura la federación.

Cabify respondió a estas acusaciones lamentando el "desconocimiento generalizado" del sector del taxi y resaltando que "toda la documentación presentada por Cabify ante cualquier administración cumple con los requisitos exigidos por la normativa de transportes o cualquier otra que resulte aplicable". Como prueba de la inexistencia de irregularidades, la compañía reseña que "la Comunidad de Madrid no identificó ningún defecto en la documentación presentada respecto de esas 8.500 licencias".

Estas autorizaciones forman parte de un paquete global de 25.000 licencias que Cabify solicitó en 2018, y que en su momento fueron denegadas por la Comunidad de Madrid. Tras años de litigios, una sentencia del Tribunal Supremo obligó a la administración autonómica a retomar el procedimiento. La Dirección General de Transportes de Madrid comunicó semanas atrás a la compañía su concesión inmediata, lo que, según la FPTM, constituye una "desviación de poder" al ignorar la necesidad de un análisis riguroso y actualizado de cada expediente.

Desde Cabify, sin embargo, aseguran que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han ratificado su derecho a recibir las licencias. La empresa, además, lleva meses solicitando a la Consejería de Transportes una activación "faseada y ordenada" de las mismas, que permita su integración progresiva sin desestabilizar el mercado. A juicio de la compañía, la decisión de la Comunidad de Madrid de forzar su entrada inmediata "no está prevista por la ley" y puede tener efectos negativos sobre el propio sector VTC, además de alimentar un conflicto innecesario con el taxi.

La FPTM no comparte esa visión. Considera que, más allá de la legalidad de las sentencias, el procedimiento ha sido "manipulado" con el objetivo de forzar la entrada masiva de nuevos vehículos sin control. "Que una sola de estas autorizaciones se active implica legitimar un fraude", asegura Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, quien acusa a Cabify de "hacer negocio con la movilidad" y de haber convertido estas licencias en un producto especulativo que ya se estarían vendiendo por hasta 40.000 euros, a pesar de su carácter provisional.

La federación exige a las Administraciones central y autonómica una solución que garantice un equilibrio justo entre el número de licencias de taxi y autorizaciones de VTC. Actualmente, según sus cálculos, ese equilibrio ya está roto en numerosas ciudades, y una entrada adicional de miles de VTC puede terminar por colapsar el modelo de movilidad urbana. La FPTM insiste en que no se trata de un conflicto entre sectores, sino de una defensa del interés público y del respeto a las normas de planificación urbana.

La protesta del 28 de mayo pretende ser la primera de una serie de movilizaciones que podrían extenderse por todo el país si no hay una respuesta política clara. ANTAXI, la Asociación Nacional del Taxi, ya ha advertido que el caso madrileño puede repetirse en otras comunidades, y ha convocado a sus bases a organizarse frente a lo que considera una "amenaza sistémica". En su última asamblea, celebrada el 12 de mayo, la entidad valoró sumarse a nuevas acciones a nivel estatal.