Transportes y Turismo

El juez deja a Fairmont sin gestión ni indemnización por el Hotel Juan Carlos I de Barcelona

  • El propietario y el administrador concursal solicitaron la resolución del contrato
  • La cadena hotelera canadiense recurrirá la sentencia para intentar retener la gestión
Foto: Luis Moreno.

Estela López

El Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona no volverá a abrir bajo la gestión de Fairmont, según la sentencia del juez del Mercantil 11 de Barcelona, que ha aceptado la petición del propietario (Barcelona Project's) y del administrador concursal de resolver el contrato en interés del concurso de acreedores, y que ha desestimado los argumentos de la cadena canadiense para retener este establecimiento, así como sus aspiraciones de indemnización de más de 19 millones en caso de resolución anticipada del contrato. Es más, deberá pagar las costas del juicio.

El fallo, consultado por elEconomista.es y que Fairmont recurrirá ante la Audiencia Provincial de Barcelona, argumenta que, según la ley concursal, Barcelona Project's podía plantear la resolución del contrato aun sin contar con una oferta o propuesta en firme de otro operador, si bien finalmente este enero anunció un acuerdo con Meliá, y que, con el contrato de Fairmont suspendido a petición de la propia cadena hotelera desde abril de 2022, darlo por resuelto "era conveniente para la viabilidad de la actividad empresarial tanto si la concursada contaba con una alternativa clara y definida, como si no contaba con alternativas y necesitaba poner fin formalmente a un contrato suspendido, para así poder fijar un calendario y estrategia de reapertura".

Añade que, para poder confrontar las ofertas de gestión de Fairmont y Meliá "sería necesario contar con que el contrato con Fairmont no estuviera suspendido, el establecimiento estuviera abierto al público y prestara servicio", pero no es así, y que también "sería necesario contar con unas inversiones importantes que en el contexto de la negociación previa entre Fairmont y la propiedad -para intentar reabrir el hotel este 2023- no se habían concretado".

Respecto a la indemnización solicitada por la resolución anticipada del contrato, que se firmó en 2014 con vigencia hasta 2039, el juez considera "que no hay prueba directa o indirecta que me permita considerar acreditado que Fairmont sufriría un perjuicio injustificado como consecuencia de la resolución del contrato".

En este sentido, aduce que el informe de Mazars aportado por Fairmont no le permite considerar acreditado el daño porque "el contrato sólo podía reactivarse si la propiedad o el grupo que la soporta asumía inversiones que no cuantifica"; el perito "defiende un criterio de cuantificación en abstracto", sobre los parámetros del contrato firmado en 2014 y no sobre la oferta que la propia Fairmont había hecho en el último semestre de 2022, propuesta acorde con la situación actual del negocio, y porque Mazars afirma que Fairmont no debía asumir gastos de ningún tipo ni para reanudar su actividad, ni para realizar las funciones que tenía encomendadas, porque aprovecha economías de escala por formar parte de un gran grupo hotelero.

También pone en duda el calendario de proyección de daños, dado que incluye 2023, pero el hotel no podría reabrir hasta finales de este año, por lo que los efectos empezarían en 2024.

En cualquier caso, el juez expone que los "sacrificios" que debió asumir Fairmont por el estallido de la pandemia tienen su reflejo en la masa pasiva del concurso de acreedores, donde se constata que no ha recibido cantidad alguna desde marzo de 2020 hasta la fecha.

De hecho, Fairmont ha presentado esta semana recurso contra el convenio de acreedores aprobado en junio para levantar el concurso de acreedores con el apoyo de más del 70% de los acreedores y una quita del 95%.

Además, tras analizar la sentencia de este miércoles sobre el contrato de gestión, Fairmont ha confirmado que la recurrirá ante la Audiencia Provincial de Barcelona, dado que considera que en la misma "se confunden hechos que han sido acreditados durante el procedimiento, y no se tienen en cuenta pruebas evidentes de la mala fe y la actividad colusoria llevada a cabo por la propiedad para resolver el contrato de gestión y entregarlo a una compañía hotelera local, prescindiendo del compromiso que Fairmont ha demostrado siempre con el complejo del Juan Carlos I -de su pleno apoyo a la propiedad- , los inversores, los empleados, los proveedores y los clientes, incluso en los peores momentos".