Gaspart admite que movió activos de Husa fuera del radar de Hacienda

La relación entre Joan Gaspart y la Agencia Tributaria es tensa desde hace años. Hacienda ya se opuso al convenio de HUSA en 2016 y el acuerdo al que debían llegar para saldar su deuda nunca se produjo. Al contrario, la hotelera movió desde entonces activos a otras sociedades fuera del radar del fisco y la Seguridad Social para evitar ser ejecutada. En 2021, la firma volvió a caer en concurso de acreedores y esta maniobra levantó las sospechas tanto de Fiscalía como del administrador concursal. Lo que para unos pudo ser un vaciado patrimonial, para el expresidente del FC Barcelona fue, asegura, la vía para escapar de la persecución y poder pagar al resto de acreedores con lo que generasen activos que todavía funcionaban.

elEconomista.es ha tenido acceso al escrito de defensa de la concursada a las peticiones de culpabilidad que hicieron tanto el Ministerio Público como los administradores concursales. El texto, firmado por el abogado Pablo Usandizaga –implicado en el concurso del hotel Juan Carlos I-, trata de desvanecer los argumentos presentados por el resto de actores a ojos del juez, que fijó el juicio para el próximo septiembre.

En el documento, HUSA lamenta que las administraciones optasen por "la vía más agresiva para intentar cobrar sus créditos a través de ejecuciones y derivaciones de responsabilidad". Por ello, no niega la reestructuración, que movió activos a sociedades que no tenían deudas con ellos, pero defiende que fue con la finalidad de "evitar el colapso del grupo".

"Estas actuaciones permitieron al Grupo mantener sus actividades en unos niveles aceptables", defiende Gaspart

De este modo, trasladó a terceras sociedades –que terminaron también por entrar en concurso- fuentes de ingresos como la gestión del Hotel Internacional de Barcelona, el Hotel Riu Nere de Vielha o 496.477 euros procedentes de Turespaña.

"Es cierto que Husa y Husa Dos reestructuraron sus actividades intentando concentrarlas en aquellas sociedades que no tenían créditos con las administraciones públicas", admite. "Y lo cierto es que estas actuaciones le permitieron al Grupo mantener sus actividades en unos niveles aceptables hasta finales del año 2019", saca pecho.

Así, recuerda que Hacienda y la Seguridad Social iniciaron derivaciones de responsabilidad contra el propio Gaspart y miembros de su propia familia "que nada tienen que ver con HUSA", dos de sus directivos -Arturo Cardona y Manuel Cerezo- y la firma que le sustituyó al frente del hotel Juan Carlos I.

Sí admite "un error" al no notificar la presencia del hotel San Bernat y una plaza de aparcamiento entre los activos de los que disponía antes de ir a liquidación. "Se puede resumir diciendo que han aparecido a posteriori dos activos, uno que se pensaba que había sido ya subastado y adjudicado a terceros y uno nuevo cuya existencia se desconocía", señala.

El hotelero dice que los 579.150 euros cobrados estuvieron aprobados por un juez

La administración concursal también calificó los 579.150 euros que Gaspart cobró desde 2019 como un agravante de la insolvencia y Fiscalía dijo que no tenían justificación ninguna. Su defensa lamenta que se intente equiparar como un alzamiento de bienes y sostiene que se trataba de su sueldo, aprobado por un juez, por sus funciones al mando del grupo hotelero, que todavía tenía actividad.

Sostiene que la pandemia fue el detonante del nuevo concurso y que mantuvo su actividad en busca de una solución porque cerrar había sido peor, alegando la denominada Doctrina Spanair.

Fiscalía y administración concursal piden el concurso culpable

La respuesta del exdirigente de la CEOE llega después de que la Fiscalía pidiese que se haga cargo de una deuda de hasta 288 millones de euros y sea inhabilitado por una década. La administración concursal, en cambio, solicitó una inhabilitación de cinco años y el pago de los 579.150 euros cobrados. Ambos piden que sea declarado como culpable en el concurso.

Es habitual que el Ministerio Público siempre mantenga una posición más beligerante que los administradores. En este caso, las diferencias nacen del anterior concurso de HUSA, sellado en 2016. Entonces el juzgado lo declaró fortuito, por lo que la administración concursal considera que solamente se pueden poner sobre la mesa los hechos de los últimos seis años.

Además, valora que no se generó nueva deuda desde la firma del último convenio. La actividad de HUSA fue escasa y la caja generada apenas sirvió para sobrevivir al día a día, pero no se acometieron inversiones que creasen más déficit. El pasivo simplemente se movió entre sociedades para dificultar su cobro y entorpecer el trabajo de la Agencia Tributaria.