Transportes y Turismo
Correos rechaza un pacto con Unipost por 60 millones e irá a juicio
- La compañía pedía una indemnización de 300 millones por sacarla del mercado
- El administrador concursal asegura que no ha autorizado ninguna negociación
Lucía Gómez, Carles Huguet
Madrid/Barcelona,
Correos sigue adelante en el juicio con Unipost después de que la quebrada compañía catalana tratase de alcanzar un acuerdo en varias ocasiones y evitar llegar al final del proceso judicial. Según ha podido saber elEconomista.es, desde la representación legal de Unipost habrían tratado de pactar en dos ocasiones una indemnización significativamente menor a la solicitada inicialmente (más de 300 millones de euros) para evitar que fuese el juez quien tomase la decisión definitiva. Según las mismas fuentes, Correos rechazó ambas opciones, negándose a negociar, y espera la decisión de un juez.
Cabe recordar que la empresa de la familia Raventós presentó en junio de 2020 una demanda contra Correos por supuestamente incumplir las normas de la competencia y expulsarles del mercado con estas prácticas entre los años 2004 y 2017. A través de esta demanda la catalana solicitaba algo más de 300 millones de euros de indemnización, cantidad que recogía el lucro cesante -calculado en 162 millones por lo que consideran "negocio arrebatado"- y el daño emergente por el concurso al que se vio abocada la empresa, ya que Unipost presentó concurso de acreedores en julio del 2017 al no poder hacer frente a sus deudas. La cantidad es la única esperanza que queda a los acreedores para recuperar el dinero que se les adeuda.
Según las fuentes consultadas por este diario, Unipost habría ofrecido un acuerdo en dos ocasiones. En la primera de ellas, habría propuesto rebajar la indemnización hasta los 120 millones. Correos se habría cerrado en banda sin llegar tan siquiera a negociar. Ante esta situación, y siempre según las mismas fuentes, la oferta de la catalana se habría vuelto a reducir hasta los 60 millones, pero tampoco fue aceptada por la compañía pública que encabeza Juan Manuel Serrano.
No obstante, el administrador concursal de la compañía, Tomás Nart, asegura que no ha autorizado ningún tipo de negociación ni tener conocimiento de que se haya presentado ningún tipo de oferta por parte de los distintos abogados que trabajan en el caso. "Nos sentimos fuertes dentro del procedimiento", explica.
El concurso de la compañía
La compañía presentó concurso en 2017 con un pasivo de casi 50 millones de euros -que podría llegar a los 100 millones con los intereses-. La mayor parte de la deuda correspondía a la Agencia Tributaria, con 11,9 millones, mientras que con la Seguridad Social acumulaba 2,65 millones. Cantidad similar a esta última (3 millones) era la que Unipost adeudaba a Avança, la empresa de promoción industrial de Cataluña.
Pero la administración pública no es la única damnificada por esta quiebra. Los bancos que refinanciaron su deuda a finales del año 2015 tampoco consiguieron saldar los pagos pendientes y a la fecha de presentación del concurso Unipost todavía adeudaba 8,2 millones de euros a las entidades financieras. El resto del pasivo correspondía principalmente a proveedores, entre los que también se encontraba la propia Correos, que prestaba servicios en las zonas en las que Unipost no operaba, y a los trabajadores, a los que adeudaba 6,3 millones por retrasos y nóminas impagadas.
Con estas cifras sobre la mesa, el plan de liquidación de la compañía aprobado en 2018 presentado por Fieldfisher Jausas, su administrador concursal, valoraba en 16 millones los activos de la compañía, muy lejos de los 50 millones de deuda. Por ello, el litigio contra Correos es clave, más si cabe teniendo en cuenta que en él participa el fondo de litigación Ramco que podría percibir el 30% del dinero que se obtuviese.
El procedimiento contra Correos
El litigio entre Unipost y Correos está a la espera de que la compañía postal privada pueda tener acceso al detalle de la sanción de 32,6 millones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso al operador público por los descuentos que ofrecían a los grandes clientes.
Una vez la parte demandante tenga acceso a estos datos, el juzgado de lo mercantil número 7 de Barcelona fijará la vista para las conclusiones y el caso quedará a la espera de sentencia.
Hasta que no haya una resolución de este enfrentamiento, no se abordarán cuestiones clave como la culpabilidad del concurso a la que se enfrenta el exconsejero delegado de la compañía, Pablo Raventós.