La crisis agraria impulsa a los partidos euroescépticos ante el próximo 9-J

La crisis agraria amenaza con provocar un tsunami ante las próximas elecciones europeas del 9 de junio, con un crecimiento sin precedentes de los partidos contrarios a los postulados de Bruselas. Más allá de la Plataforma 9F, que ha impulsado las últimas movilizaciones en la calle, pero que no se presentará a los comicios, son dos los partidos que han surgido a raíz de las protestas de agricultores y ganaderos: Futuro y Soberanía Alimentaria España.

Futuro, que ha unido fuerzas con diversos partidos independientes y asociaciones de toda España, como Fuerza Cívica, Partido Ágora, Partido Íntegro Centro Democrático Social y Unidad de Centro, se define como europeísta, pero defiende "prácticas agrícolas sostenibles y eliminar la burocracia administrativa para la gestión de negocios y solicitudes de ayudas". Tal y como reclama el sector primario, el zamorano Javier Benavente, el principal impulsor y fundador del partido, que ha conseguido ya representación en varios ayuntamientos en Castilla y León, insiste en que Bruselas debe buscar reciprocidad, "no solo en temas comerciales sino en el estricto cumplimiento de las normas sanitarias y de bienestar animal que rigen en Europa, para asegurar que los productos alimenticios que se adquieran en el mercado comunitario cumplen con todos estos requisitos y estándares".

Con ello, se posiciona frente a la avalancha regulatoria procedente de la Comisión Europea y a favor de los agricultores y ganaderos. En la misma línea ha nacido también Soberanía Alimentaria Española (SAE), el nuevo partido político impulsado por empresarios del sector agrícola, que ha presentado igualmente su candidatura a los próximos comicios europeos. La organización recuerda que "entre las políticas que se dirimen en esta institución se encuentran las relativas al sector primario, en cuyos intereses se encuentra la génesis del partido" y espera por ello lograr un buen resultado. Alexis Codesal, secretario general del partido, se presenta con el objetivo de "el fin de dignificar y defender los derechos del sector primario, la España rural y los consumidores".

Para ello, este asturiano, afincado en León y de profesión avicultor, confía en que deben quedar atrás los aspectos de la Agenda 2030 relacionados con la sostenibilidad y que, en su opinión, "sólo representan intereses económicos ajenos, a menudo espurios". En su ideario, insiste en que la defensa de los intereses del mundo rural debe alejarse tanto de la derecha como de la izquierda del espectro político. La descentralización de la producción alimentaria y la inclusión de terceros países con "la falsa excusa de protección del medio ambiente" conlleva, según Codesal, graves riesgos: "por un lado sanitarios, por la falta de controles, por otro lado de garantía de abastecimiento porque en el momento que quieran dejar de suministrarte".Por estos motivos, que considera el origen de la ruina de explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras, Soberanía Alimentaria Española, integrada principalmente por personas de estas áreas, pide así el voto "no sólo de trabajadores y empresarios del campo, sino de todos los ciudadanos preocupados por la correcta gestión de los recursos naturales propios".

Derogar el pacto verde

Pero si hay un partido que cuestiona los postulados que defiende Bruselas es Vox. Su cabeza de lista al Parlamento europeo, Jorge Buxadé, asegura que son "la voz de los agricultores, ganaderos y pescadores criminalizados y asfixiados por el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030" y denuncia que "en Bruselas PP y PSOE votan los mismo en el 89% de las ocasiones". Buxadé mantiene que "durante los últimos años, muchas de las decisiones que han empeorado la vida diaria de nuestras familias, empresas y productores han venido impuestas desde fuera de España por burócratas a los que nadie ha votado". Y en esa línea, denuncia que la Comisión Europea se somete a las presiones del lobby ecologista, que "supone un ataque directo a la agricultora productiva y la soberanía de los países europeos". Vox mantiene que la estrategia De la Granja a la mesa, impulsada desde la Comisión, supone "ignorar los diversos tipos de producción y las diferentes prácticas agrícolas de los Estados miembros, generando una discriminación entre los agricultores y ganaderos europeos y perjudicando gravemente, entre otros, al sector primario español".

En su opinión, las limitaciones al uso de fitosanitarios, fertilizantes y antibióticos del Pacto Verde impiden al sector agrario y ganadero garantizar la salud y productividad de los animales, los cultivos y los consumidores. "Se produce así una regresión en la seguridad alimentaria y el abastecimiento europeo en beneficio de producciones extracomunitarias", dice Buxadé. Aunque lejos de la corriente euroescéptica, el PP propone también "la flexibilización de la Política Agraria Común, a efectos de consensuar criterios impuestos unilateralmente por el Gobierno de España, con medidas como la reducción de trámites, la revisión de los ecoregímenes -condiciones medioambientales- y el aplazamiento del cuaderno digital hasta el plazo establecido en el resto de países de la UE".

Desde el PSOE, se reclama, por su parte, "una estrategia de defensa del sector agroalimentario que asegure su carácter estratégico para el conjunto de la Unión Europea". Los socialistas aseguran que exigirán "la defensa del modelo europeo frente a los posibles acuerdos con terceros países y la revisión de las normas de competencia para fortalecer la posición de los productores en la negociación de precios". Además, insisten en la necesidad de aprobar un Plan estratégico de la agricultura y ganadería española con horizonte de 2030 que establezca las prioridades de la política agraria de ámbito nacional y que proponga las líneas de actuación a corto plazo y largo plazo y los compromisos económicos a asumir.