Interior despliega a la Guardia Civil en los bares para vigilar la venta de tabaco

El Ministerio del Interior ha desplegado a la Guardia Civil en los bares para vigilar la venta de tabaco ante las sospechas de posibles fraudes en el uso de las máquinas expendedoras. En plena polémica por la escasez de efectivos en el control del narcotráfico, la Jefatura Fiscal y de Fronteras ha enviado hasta ahora más de 200 efectivos para evitar que la hostelería pueda distribuir cigarrillos procedentes del contrabando, que no se venda tabaco a menores, controlar que se cuente con la licencia necesaria, o comprobar que los dueños de los locales tienen un mando para activar la máquina.

La decisión ha generado un gran malestar entre los bares y la Asociación Española de Puntos de Venta con Recargo (AEPVR), que agrupa a cerca de 40.000 socios, y que ha remitido una carta a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, para dejar clara su posición. "Es una labor que no comprendemos. No entendemos el uso de efectivos de la Guardia Civil en estas labores administrativas, sobre todo cuando los datos de denuncias en España crecen todos los meses y tenemos en ocasiones durante horas a guardias civiles uniformados, con una imagen lamentable en nuestros locales", aseguran en su queja. La legislación establece que el tabaco adquirido a los estancos debe comercializarse en un plazo máximo de quince días y, según denuncian los bares, "tenemos a dos o tres guardias civiles de uniforme en un bar o un quiosco de prensa o gasolinera, contando cajetillas de tabaco para comprobar que todas están compradas en los últimos 15 días, lo cual es absurdo".

Pero en el Ministerio del Interior y la Jefatura de la Guardia Civil no piensan igual. En una carta firmada por Juan Manuel Llenderrozas, general de brigada y jefe de la Jefatura Fiscal y de Fronteras, responde a la asociación de puntos de venta con recargo que "las inspecciones llevadas a cabo por miembros de la Guardia Civil tienen su sustento en diversa y abundante normativa", citando, entre otras, la Ley Antitabaco de 2005.

Aunque los bares insisten en que en las labores de vigilancia llevadas a cabo no se ha detectado ningún fraude, la Jefatura de la Guardia Civil mantiene que "se ha constatado que los datos sobre el resultado de las inspecciones que se realizan son muy diferentes a los expuestos" en el escrito de denuncia. Respecto al hecho de que los guardias civiles vayan uniformados y ante la propuesta por parte de la asociación de que acudan en futuras ocasiones de paisano, el máximo responsable de la Jefatura Fiscal y de Fronteras insiste en que "la uniformidad reglamentaria constituye uno de los elementos que acreditan la condición de agente de la autoridad y de Guardia Civil (...) y no es posible hacerlo de otro modo".

Venta con recargo

Los puntos de venta con recargo son bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, salas de fiesta, quioscos o tiendas de conveniencia, que están obligados a comprar en uno de los tres estancos más cercanos y cobrar un recargo fijo de 0,15 euros sobre los precios de venta en las expendedurías. Para poder vender sus productos están obligados a contar con una licencia que concede por un periodo de tres años el Comisionado del Mercado de Tabacos, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

En los últimos años, estos puntos de venta con recargo han mantenido un fuerte enfrentamiento con el Comisionado debido a las numerosas multas que se están imponiendo. La AEPVR denunció el año pasado que, debido a los numerosos problemas que estaban teniendo para abastecer de los estancos más cercanos, como dice la normativa, se habían retirado ya 60.000 máquinas, lo que equivale a un tercio del total. Ahora mismo, solo quedan 110.000 de las 170.000 que ha llegado a haber en el pasado.

El presidente de la asociación, Daniel López Cañizares, criticó entonces la falta de respuesta por parte de Hacienda y alertó de que la retirada de las máquinas de vending supone un grave problema, porque "son una barrera natural contra el contrabando de tabaco y su retirada del mercado, sin duda, favorece el aumento de venta ilegal de cajetillas". El problema de abastecimiento no es, sin embargo, el único punto de conflicto que ha habido entre los bares y el Comisionado del Mercado de Tabacos durante los últimos años. Hace tiempo el supervisor del mercado también les sancionó al entender que estaban primando a determinadas marcas de cigarrillos, lo que acabó también en duras sanciones no solo para los hosteleros sino también para la propia industria tabaquera.