El Gobierno releva al abogado del Estado responsable del procés tras haberse inclinado por pedir rebelión

La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha relevado al jefe del departamento Penal y responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa del procés soberanista de Cataluña, Edmundo Bal, según han informado fuentes del Ministerio de Justicia.

Castro cesa a Bal por pérdida de confianza y detrás de la decisión está la diferencia de criterios respecto al juicio del procés, después de que la Abogacía optara por acusar a los procesados de sedición y de malversación y no de rebelión, informa EFE.

Bal, que ha sido el encargado de defender al Estado en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo, no impugnó durante todo el procedimiento el criterio de la Fiscalía de que se pudo cometer un delito de rebelión, si bien en el escrito de acusación de la Abogacía del Estado se optó finalmente por acusar por el delito de sedición. Dicho escrito iba firmado por Castro, precisa EP.

La Abogacía del Estado presentó el pasado 2 de noviembre sus conclusiones provisionales en la causa contra los principales dirigentes del proceso independentista catalán. En su escrito, el Servicio Jurídico del Estado apreciaba los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia grave, pero no el delito de rebelión que sí les atribuye la Fiscalía. Las penas solicitadas para los 18 acusados oscilan entre los 12 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y penas de multa.

El documento consignado por la Abogacía en el Alto Tribunal, recuerda Servimedia, distingue entre tres tipos de procesados. En primer lugar se encuentran los antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat, que jugaron "el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias" para realizar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

A seis de ellos -el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn, el de Presidencia Jordi Turull, Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Josep Rull (Territorio) y Dolors Bassa (Trabajo)- se les acusa de sedición y malversación.

Ambos delitos se aprecian en concurso medial, es decir, que, según el abogado del Estado, la presunta malversación -el desvío de fondos públicos para fines ilegales- fue el medio necesario para cometer el delito más grave, el de sedición, consistente en alzarse "pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes" o el cumplimiento de "resoluciones administrativas o judiciales".