Llarena pasa el protagonismo a la Fiscalía: comienzan las presiones al Ministerio Público para influir en el juicio del procés

Ahora que el juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado la conclusión del sumario de la causa principal sobre el procés, el protagonismo mediático pasará en las próximas semanas y meses a la Fiscalía ante el juicio oral que los dirigentes independentistas procesados por rebelión y encarcelados deben afrontar. Mientras que el magistrado pierde ya la competencia sobre Oriol Junqueras y los otros políticos catalanes en prisión, el Ministerio Público se convierte en el foco de atención ante su posible influencia en el proceso. Por otro cauce, en principio, transcurre el futuro judicial de Carles Puigdemont y los otros fugados, que van en pieza separada y que, a priori, no llegarán a tiempo al banquillo aunque se les extradite.

Finalizada la instrucción de Llarena, el proceso entrará en lo que se llama la fase intermedia hasta que la Sala de lo Penal del Supremo decrete la apertura del juicio. A partir de ese momento, la Fiscalía deberá presentar lo que se conoce como escrito de calificación provisional. En él, el Ministerio Público concretará qué hechos considera punibles de los referidos en la instrucción, a quién se los imputa y a qué tipo penal creen que se circunscriben.

Toda una puerta abierta a que la Fiscalía atempere las acusaciones de rebelión que hasta ahora ha mantenido contra los principales acusados. Esta maniobra -que supondría un notorio giro pero que no sería irrealizable- condicionaría en gran medida el futuro trabajo del tribunal, ya que, aunque el partido VOX mantendría su férrea acusación popular, el criterio de los fiscales tendría mayor peso en el desarrollo del juicio e influiría de manera clara en la decisión final del tribunal.

Si a esta ecuación se le añade la variable del poder político, la polémica está servida. El hecho de que el Fiscal General del Estado sea un cargo nombrado por el Gobierno de turno provoca que el riesgo de injerencia política esté ahí. Y a eso se aferran los políticos independentistas después de que Pedro Sánchez haya elegido a la progresista María José Segarra.

Aunque en Moncloa apelan en todo momento a la autonomía de la Fiscalía, desde el soberanismo ya se ha empezado a presionar para que Segarra haga variar el criterio de los fiscales del Supremo y se suavicen en el citado escrito de calificación los delitos que se atribuyen a los dirigentes catalanes. El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha revelado esta semana que en su encuentro con Sánchez en La Moncloa recordó al presidente del Gobierno que el Ejecutivo es quien tutela a actores del Estado -como la Fiscalía- que puedan influir en el futuro judicial de los procesados. No obstante, como clarificó el propio Torra y se ha dicho después desde el Govern, no se negoció nada entre el presidente del Gobierno y el mandatario catalán.

Segarra por el momento esquiva presiones y mantiene la línea acusatoria defendida hasta ahora por la Fiscalía: rebelión para los principales acusados

Por el momento, Segarra ha esquivado las presiones y ha asegurado que el criterio de la Fiscalía pidiendo rebelión se mantiene. Hay que recordar que esta línea en el Ministerio Público empezó con el fallecido fiscal jefe José Manuel Maza y se mantuvo con su sucesor en el puesto, Julián Sánchez Melgar. Los cuatro fiscales del Supremo encargados del caso, Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, también han mantenido invariable esa línea acusatoria hasta la fecha.

Cuestión compleja sería que desde la cúpula fiscal se les empujará a variar este criterio de cara al escrito de calificación. Aunque los fiscales deban supeditarse a la orden de sus superiores, conviene traer a colación que cuando Sánchez Melgar conminó a los del Supremo a pedir la libertad para el exconseller Joaquim Forn por motivos humanitarios, éstos obedecieron dejando muy claro que lo hacían por disciplina y que estaban completamente en desacuerdo (finalmente, la Sala de Apelaciones del Supremo rechazó la petición). Un sonoro choque entre la jefatura fiscal y los representantes del Ministerio Público en el Supremo pondría en un serio compromiso al estamento judicial.

Pero este extremo no es el único que ha puesto a la Fiscalía en el frontispicio. Estos pasados días han trascendido informaciones que apuntaban a un posible pacto entre la Fiscalía y las defensas mediante el cual los acusados reconocerían los delitos a cambio de una rebaja en las penas. Sin embargo, la propia Segarra ha negado que esa posibilidad se haya producido en este momento procesal y los abogados Jordi Pina -representante de Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez- y Xavier Melero -representante de Forn- también lo han desmentido. Se da la circunstancia, además, de que para que ese supuesto saliera adelante y fuera vinculante para el tribunal, las defensas tendrían que pactar con la acusación popular de VOX, extremo harto difícil. Del mismo modo, en la órbita independentista no agrada el hecho de que se reconozcan delitos que hasta ahora se han negado.

En cualquier caso, los próximos pasos de la Fiscalía y, en especial, los de Segarra serán escrutados con detalle hasta el arranque del juicio oral. Por el momento, este jueves jura su cargo como presidenta del Consejo Fiscal, órgano ante el que definirá su proyecto de actuaciones en el cargo. Importante será también saber si habrá cambios en la secretaría técnica de la Fiscalía, negociado que marcó el rumbo del Ministerio Público a instancias de Maza y que le asesoró en todo momento hasta el punto de redactar, según diversos medios, las querellas iniciales por rebelión contra los dirigentes independentistas.