De las pensiones a la financiación autonómica: las reformas que peligran con la moción de censura del PSOE

La política española va al ralentí desde que Mariano Rajoy fuera reelegido presidente del Gobierno en 2016, tras poner fin a 315 días en funciones, el periodo más prolongado de inestabilidad en la democracia constitucional de España. Aquel 29 de octubre, el jefe del Ejecutivo dijo ser "el principal interesado en que alcancemos acuerdos". "Estoy dispuesto a corregir todo lo que merezca corrección, a mejorar todo lo que sea mejorable y a ceder en todo lo que sea razonable", se comprometió así hasta 2020. Sin embargo, un año y medio después, pocos han sido los avances y Rajoy hace monociclo sobre una cuerda floja de la que podría precipitarse antes de lo previsto. Con él se tambalean pactos pendientes esenciales, que quedarían sin cerrar, y reformas clave para la recuperación económica, que podrían modificarse.

La reforma de los sistemas de financiación autonómica y de las pensiones son solo dos ejemplos de las modificaciones a las que Rajoy estaba dispuesto -al menos, eso aseguraba- y aún no ha llevado a cabo.

Se trata de la revisión de pilares clave del modelo económico actual: el territorial y el de las pensiones. Pero además, el todavía presidente se mostraba partidario de retocar otra de las piezas fundamentales de la columna vertebral española: nuestro sistema educativo.

En este último punto, el pacto entre los partidos políticos está roto en la práctica, pero, paradójicamente, no cerrado de forma oficial. PP y Ciudadanos siguen trabajando en solitario en la Subcomisión del Congreso que se constituyó hace un año, pese a que los diputados del PSOE, Unidos Podemos, ERC y el PNV han abandonado las reuniones.

En cuanto a la reforma del sistema de financiación autonómica -una de las más peliagudas, a la que han urgido desde el Banco de España hasta la Comisión Europea para acabar con la situación de insuficiencia financiera de las arcas autonómicas, reconocida incluso por Hacienda- continúa bloqueada. También se ha atascado en sus recomendaciones el Pacto de Toledo. Fuentes del Ejecutivo confirmaban recientemente que podrían ponerse sobre la mesa antes de verano, lo que acercaría la reforma de las pensiones a finales de año. El propio Rajoy empezó a desmantelar su ley de 2013 cuando compró el apoyo del PNV a los Presupuestos ligando la revalorización de las prestaciones al IPC y retrasando la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad. Ahora, prospere o no la moción de censura, el bloqueo político puede convertirse en un grave problema presupuestario.

Recordemos que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que el Ejecutivo financiará la subida generalizada de las pensiones con la recaudación derivada de un nuevo impuesto a las grandes tecnológicas. Pero, para lograr ingresos por esa vía, el Gobierno necesita aprobar la ley que sostenga jurídicamente el tributo, algo que se antoja complicado, con la oposición en bloque apuntando a la liquidación de una legislatura sentenciada por Gürtel.

Hay que tener en cuenta que la aprobación definitiva de los PGE en el Senado con la mayoría absoluta del PP está prevista para el 19 de junio, por lo que si la moción de censura del PSOE no se debate antes, quedarán blindados. Y ello porque, una vez aprobadas por el Congreso, solo la disolución de las Cortes por una convocatoria electoral anticipada haría decaer las cuentas.

Pero la Constitución impide en su artículo 115.2 convocar elecciones mientras está en curso una moción de censura. Por lo que si se debate antes de la tramitación de los PGE en el Senado y sale adelante, sería posible que el líder socialista tumbara unas cuentas a las que se ha opuesto frontalmente, si bien para ello tendría que convocar elecciones. De lo contrario, se daría la paradoja de que un Gobierno del PSOE tendría que gestionar unos presupuestos del PP.