Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo: "Creo que se va a formar un Gobierno legal en Cataluña"

La entrevista, concertada con motivo de la presentación en el Congreso del informe de 2017 de la institución que preside, se celebra en su despacho, ubicado en un palacete rehabilitado de la calle Fortuny, donde los espacios son amplios, tanto como las quejas de los ciudadanos que allí se ventilan. Cualquier visitante tiene a su alcance una am-plia información sobre qué es el Defensor del Pueblo, "el alto comisionado de las Cortes encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones", y sin duda él quiere en todo momento hacer honor a su cargo y condición.

Francisco Fernández Marugán (Cáceres, 1946) está en funciones tras haber concluido el mandato de su antecesora, pero no es un novato en un cargo al que llegó como adjunto en 2012, después de una dilatada carrera política como diputado del PSOE. Tal vez por eso tiene una opinión bien formada de los temas de actualidad.

Habla de una preocupante ausencia de rumbo político, que ha dinamitado la cultura del pacto, a la que apela constantemente. Cree que en Cataluña habrá en poco tiempo un Gobierno legal, se muestra preocupado por el nivel de violencia en las calles y califica el 155 como una solución mesurada. Denuncia la existencia de una nueva clase de pobres que tienen trabajo. Y sobre la violencia machista dice alto y claro que "un maltratador jamás puede ser un buen padre".

¿Qué es lo que le quita el sueño al defensor del pueblo?

Las cosas más importantes figuran en el informe del año 2017, como la preocupación de muchos españoles por el funcionamiento de los servicios, o sobre la desigualdad que ha provocado la crisis y que ha convertido a la sociedad en más injusta. Hay cuestiones como la justicia, la sanidad, la dependencia o el envejecimiento de la población, que nos quita el sueño a muchos.

¿Es verdad que las quejas se han disparado un 50% en el último año, muy por encima de lo que ocurrió durante la crisis?

Sí. Ha habido un aumento de un 48%, muy por encima de lo que había en plena crisis. ¿Por qué? Pues porque durante la crisis hubo una serie de servicios, como por ejemplo los del DNI, el pasaporte, el carnet de conducir, etc. que tuvieron un desgaste de materiales, y una falta de personal que empeoró el nivel de prestación. Solo los servicios vinculados al Ministerio del Interior supusieron 6.000 quejas el año pasado, algunas muy abundantes por la huelga de examinadores del carnet de conducir. Finalmente, se consiguió un acuerdo entre los sindicatos y la Dirección General de Tráfico, con contrapartidas en el presupuesto del año 2018, que ayudará a mejorar las cosas.

Usted ha dicho que nos estamos separando de la senda de la UE, ¿en qué sentido?

Nosotros, como aspiración colectiva queríamos ser como los europeos, y nos gustaban los modelos alemán y holandés, con crecimiento económico razonable, una movilidad social y un incremento de la renta por habitante. Montamos un Estado en esa dirección, con una serie de equilibrios territoriales importante, pero la crisis nos hace dar un giro en dirección contraria y no convergemos, divergemos.

Y ¿ como se revierte esto?

Es necesario volver a poner encima de la mesa la necesidad de un cierto nivel de acuerdo y de pacto social. En España, desde la muerte de Franco hasta 2010, no se hizo otra cosa que pactar, todo y en todos los sitios. Y desde ese año se opta por otra metodología, esa de ¡como yo tengo mayoría no pacto con nadie e impongo mis soluciones¡ ¿Qué sucede?, pues que eso tiene un coste gravísimo y se está notando.

¿Usted culpa de eso solo al PP?

La ausencia de rumbo político es un hecho que se produce en los cuatro o cinco últimos años, y el partido hegemónico en esa realidad es el PP. Cuando pasan de tener mayoría absoluta a 140 diputados, le hubiera correspondido tejer acuerdos que implicaran a varios y no lo ha hecho, por eso la situación es tan grave.

Donde tampoco hay cultura de pactos es en Cataluña. ¿Usted es optimista sobre la formación de Gobierno o vamos a otras elecciones?

Creo que se va a formar un Gobierno legal en Cataluña, y que finalmente elegirán a una persona sin problemas judiciales. Pienso que se va a producir antes de finales de mayo, para que no haya repetición de elecciones. Pero si usted me pregunta quién será la persona elegida para liderar eso, no tengo ni idea.

¿Y puede optarse por un Gobierno transversal, una especie de tripartito como propone Iceta?

Miquel Iceta ha hecho un conjunto de aportaciones en positivo inteligentes. Ahora bien, si damos por hecho que va a haber un gobierno legal, ¿lo correcto sería construir esa mayoría única y exclusivamente en el bloque soberanista o sería ampliar esa mayoría a otras expresiones políticas? Creo que la idea de Iceta es la correcta, ir a un gobierno transversal para salir de este impasse, bien con apoyos externos o internos, pero serviría para poner un poco bálsamo a las heridas y salvar esta situación imposible .

Oiga, ¿preguntó a su número 2 en esta institución, Concepció Ferrer, por qué visitó a Junqueras o a Forn en la cárcel de Estremera o fue mandatada por usted?

Ella decidió visitarles, pero no fue mandatada por nadie. Nosotros queríamos saber cómo se trata en las cárceles a personas con discapacidades. Hay cuatro centros en España y fuimos al de Estremera, y una vez allí ella manifestó al director su voluntad de ver a los exconsellers, y estuvo con ellos.

Vamos, que es falso que fue para intentar una especie de mediación...

Es falso e impensable que Concepcio Ferrer fuera de mediadora de nadie. La visita a Estremera se hizo por una cuestión humanitaria, y no tuvo ningún factor político.

Más allá de que se forme Gobierno, ¿es preocupante la escalada de violencia de los CDR?

Sí, me parece muy preocupante. Hay gente en Cataluña que ha salido a la calle de manera pacífica, pero hay muchos que se están aprovechando de esa buena fe para actuar de forma violenta. Esto tiene algunos precedentes históricos, la rauxa, la radicalización de un segmento de la sociedad catalana. Hay argumentos que se plantean con esa simpleza de que ¡vamos a proclamar la república catalana, y al día siguiente aquí no va a haber controles! algo que es impensable y absurdo. Lo único razonable es que Cataluña vuelva a la normalidad constitucional, fuera de la ley no hay nada.

¿El 155 ha sido una solución o un problema?

Fue un acierto que el PP, el PSOE y Ciudadanos llegaran a un acuerdo. Se tuvo que buscar una solución que no ha salido mal, y se ha aplicado con mesura para que no hubiera una parálisis total tras el 1-O. La aplicación con un perfil de bajo tono ha resuelto problemas, y lo que hace falta ahora es que el nuevo Gobierno esté dentro de la legalidad y se pueda compatibilizar el afán de impulsar el autogobierno de aquella autonomía con el respeto a las leyes españolas.

¿El defensor del pueblo está actuando de oficio en los casos de hostigamiento a políticos o jueces?

Hemos abierto una investigación de oficio para aclarar qué ha ocurrido en delegaciones de Gobierno y centros administrativos en Barcelona o Tarragona, pero no hemos incluido ni a jueces ni a políticos y todavía no hay conclusiones.

Hablando de quejas, ¿hay muchas sobre la justicia en España?

Sí, tenemos muchas quejas, sobre todo por las dilaciones que se producen. Destaca el asunto de las cláusulas suelo, donde se han presentado cerca de 3.000. Queremos llegar a un acuerdo con la banca para que se den respuesta a esas reclamaciones y otras similares.

¿Y la sanidad también es motivo de muchas reclamaciones?

No son muchas, unas 600, sobre todo por las listas de espera y la saturación de los servicios.

Otro colectivo que está en pie de guerra es el de los pensionistas, que al final fue un apoyo importante de las familias en la crisis...

Sí. Han sido un elemento de liquidez y el único sostén que han tenido muchas familias, por lo que ahora, en recuperación, quieren reclamar lo suyo, han dejado de estar debajo de la mesa y dicen, ¿qué hay de lo mío?. Este es un momento muy difícil, y lo que hay que hacer es identificar bien qué colectivo necesita un tratamiento especial, y los pensionistas están entre ellos.

De hecho, si finalmente se aprueban los Presupuestos, más de la mitad se van a destinar a pensionistas y jubilados...

Primero tiene que haber Presupuestos, y luego tienen que elegir bien los colectivos. Tenemos identificado un conjunto de ciudadanos que deben ser objeto de un cierto tratamiento especial.

¿Cuáles serían?

Parados de larga duración, familias donde todos los miembros están en paro y jóvenes. Hay un nuevo tipo de ciudadanos que tienen trabajo, pero son pobres, y ese tipo de pobreza se tiene que erradicar. La crisis no solo abre un pozo de pobreza: evidencia la existencia de un conjunto de personas a quienes debemos dedicarle atención especial.

¿Las pensiones pueden solucionarse al margen del pacto de Toledo?

Hemos defendido la bondad del pacto de Toledo, que es un vehículo de entendimiento para sacar este asunto del rifirrafe partidista. Es verdad que el pacto salió dañado de la ley de 2013, pero hacer de las pensiones solo un arma de enfrentamiento político es un error, porque hasta ahora los pensionistas sabían que de alguna manera ese pacto les proporcionaba un elemento de protección que garantizaba la estabilidad de la pensión y una evolución positiva de la misma. En este 2018 hemos ido por otro derrotero. Y el año 2019, ¿qué va a pasar?

¿Ligar la subida de las pensiones al IPC sería una solución?

Sí, podría ser una solución, pero no la única. Se puede ligar al IPC, a la productividad, y a otros factores. No pasa nada por ver qué es lo que han hecho en otros países, y aplicarlo. Algunos las vinculan al IPC, otros al PIB y otros tienen en cuenta la productividad. Se puede hacer una mezcla de todo. Lo que no hay es ninguna solución que ignore la evolución de los precios, ninguna. Hay que buscar mecanismos por consenso, aunque sean complejos.

También es muy complejo el sistema de financiación autonómica. ¿Hay que cambiarlo ya?

Habría que buscar un acuerdo con las autonomías que más o menos contentara a todas. Una parte fundamental del gasto sanitario, educativo y social lo pagan ellas, y si queremos que esos servicios públicos funcionen con eficacia y sean el estandarte del Estado del bienestar, hay que hacer una reforma que les dote de recursos que no tienen. Los problemas que tiene la sociedad son tan graves y tan difíciles que pretender hacerlos sin acuerdo es una torpeza. Desde la Transición hasta ahora se ha hecho del consenso un estandarte y hay que recuperarlo como sea.

Usted ha recibido una queja sobre la inconstitucionalidad del Cupo vasco. ¿Cuál será su respuesta?

Sí, hemos recibido una queja, y lo que decimos es que el Cupo es el resultado de un acuerdo político, que se hizo en el Congreso y puede ser discutible, más claro o más oscuro, tener visos de legalidad o de ilegalidad, pero este Cupo y otros tienen un contenido político. Una cosa es que te guste o no ese contenido, y otra que sea inconstitucional.

¿Entre las quejas del sistema tributario, el IRPF es el farolillo rojo?

Sí. Tiene muchas quejas, aunque las mayores, 1.200 en total, tienen que ver con el patrimonio y el valor de las viviendas. Un número importante de gente dice que los gravámenes que se establecen en el caso de los inmuebles, de los terrenos, etc. son excesivos, y piensan que de alguna manera rozan la inconstitucionalidad. Sería conveniente, por ejemplo, que en el impuesto de sucesiones se buscara una coordinación entre autonomías, porque hay agravios, y el Ministerio de Hacienda ha optado por un criterio vago. Se deberían armonizar este tipo de criterios en todas las autonomías para evitar agravios.

¿La violencia machista contra las mujeres y los niños se puede erradicar? Porque eso también es motivo de preocupación ante la institución que usted preside, ¿no?

Sí. Nos preocupa mucho. Hemos hecho varios encuentros, el último en noviembre, donde reiteramos nuestra convicción de que un maltratador no puede ser nunca un buen padre. Hay que tomar medidas. En el año 2017 ocho niños fueron asesinados y 27 menores perdieron a sus madres por culpa de la violencia de género, y por lo tanto, es un tema muy preocupante. El pacto contra la violencia machista que se ha logrado en el Congreso, es un paso en la buena dirección, pero debe de dotarse de recursos suficientes, bien dentro de los presupuestos o bien de otro modo si finalmente estos no se aprobaran.

Parece que por fin la disolución de ETA puede producirse en breve. ¿se planteará entonces el tema del acercamiento de presos a cárceles vascas, como piden sus familias?

ETA nos costó 40 años de sufrimiento, y segó muchas vidas, pero el Estado ganó, y lo que tiene que hacer sin dilación es disolverse, entregar las armas y cumplir penas. Nosotros, de la mano de los Defensores vasco y navarro, hemos hecho gestiones para conseguir el acercamiento de dos presos que se encontraban muy enfermos y se han atendido por razones humanitarias.

Por último, ¿lo ocurrido en Lavapiés con los disturbios por la muerte de un inmigrante es una señal de alarma?

Es un tema delicado, hemos abierto una investigación de oficio para aclarar el asunto. Creemos que el ciudadano senegalés, Mmame Mbage, falleció de muerte natural, y quienes contribuyeron a extender el bulo de que había sido víctima del abuso policial, se equivocaron gravemente. Creyeron que podía ocurrir lo que en otras ciudades europeas, y que se desembocaría en un estallido social, pero no fue así. En España tenemos un nivel de convivencia razonable, y hablar de xenofobia en nuestro país es falso. España no es un país xenófobo.