Puigdemont no irá este jueves a declarar a la Audiencia: podría ser extraditado antes de tres meses

Si Carles Puigdemont se ha planteado su huida a Bruselas como un ingenioso plan para escapar de la Justicia española, debe saber que ésta tendrá una vida muy corta. En concreto, menos de tres meses, que es lo que tardaría en hacerse efectiva la Orden Europea de Detención y Entrega -o euroorden-, mecanismo de extradición rápida del que se dotaron los Estados miembros de la UE en 2002.

La euroorden es una resolución judicial por la cual un país de la UE solicita a otro que detenga y le entregue a una persona buscada para el ejercicio de acciones penales o la ejecución de una pena. La resolución de su solicitud tiene un plazo máximo de dos meses. Una vez aceptada, la entrega del afectado se producirá antes de 10 días. Puigdemont acepta concurrir a las elecciones del 21D.

En breve sabremos si la Audiencia Nacional tiene que activar este mecanismo. Y es que este martes mismo el tribunal admitió a trámite la querella de la Fiscalía por rebelión, sedición y malversación contra los miembros del Govern y citó a declarar como investigados -la antigua imputación- a Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y a los otros 13 exconsellers mañana a las 9 de la mañana.

La instrucción de la causa la asume Carmen Lamela, magistrada que también dirigía la investigación por sedición contra el exmayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que permanecen en prisión provisional desde el 16 de octubre. Una causa que la juez ha decidido unir con los hechos que ayer denunció la Fiscalía, al considerar que "se encuadran dentro de todo el proceso secesionista".

El auto también impone a los imputados que aporten de forma conjunta y antes de tres días una fianza de 6,2 millones de euros para hacer frente a sus posibles responsabilidades. De no abonarla, se decretará el embargo de sus bienes.

La decisión de Lamela limita el margen de actuación de Puigdemont, quien este martes desde Bruselas, si bien decía que no obstaculizaría la labor de la Justicia, también aseguraba que no volvería a España hasta que no tuviera "garantías" de enfrentarse a un proceso judicial justo. En el caso de que el president no atendiera la citación, la juez puede optar por enviar una nueva o activar su detención a través de la euroorden.

Por otra parte, el abogado en España de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, y de otros seis exconsellers, ha asegurado que tiene "serias dudas" de que este jueves vayan a practicarse declaraciones en la Audiencia Nacional porque solo uno de los exconsellers ha recibido la citación.

No irá a declarar

En este sentido, su abogado, Paul Bekaert, ha explicado que su cliente no acudirá este jueves a declarar ya que "no tendrá un juicio justo". "Es bastante obvio que mi cliente va a adoptar ahora la actitud de esperar a ver qué pasa", afirmó el letrado belga, Paul Bekaerts, ante la pregunta de si Puigdemont se presentará ante la Justicia española.

Además, ha indicado centrará la estrategia de defensa del ex presidente en impugnar cualquier hipotética petición de extradición para su entrega a España que se pueda impulsar desde el Gobierno de Mariano Rajoy. "Hemos decidido no presentar la solicitud de asilo, sino impugnar cualquier extradición ante el tribunal", ha subrayado Bekaert en declaraciones a The Wold Today de la cadena de televisión flamenca VRT. "También se puede impugnar la extradición sin haber solicitado asilo", ha incidido Bekaert sobre la posibilidad de que el Gobierno reclame a las autoridades belgas la entrega de Puigdemont a España. 

Justo en este contexto, este martes por la noche se conocía que Puigdemont ha abandonado el hotel donde se estaba hospedando en Bruselas.

Forcadell, ante el Supremo

Al igual que la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo también ha asumido la "urgencia" que le reclamaba la Fiscalía y ha citado a declarar entre mañana y el viernes a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa que apoyaron los planes soberanistas -Lluís Corominas, Anna Simó, Lluis Guinó, Ramona Barrufet y Jose Nuet-.

Después de admitir a trámite la querella, el Alto Tribunal llamó a Forcadell y al resto de la Mesa a acudir como investigados a la sede del Supremo mañana a las 9,30 horas.

En el auto de la admisión, al margen de las cuestiones formales, el Supremo aporta un elemento novedoso: la posibilidad de que los hechos sean calificados de "conspiración para la rebelión" -y no de rebelión. Un delito, se explica, en el que los elementos del tipo "no llegan a tener realidad, al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria".