Política
La Fiscalía pide a la juez del 8-M que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid
- El socialista José Manuel Franco, imputado por prevaricación al permitir la marcha
elEconomista.es, Agencias
La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, investigado por un delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, pese a las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus. En directo | Última hora sobre el coronavirus
Según ha informado en un comunicado, la Fiscalía ha presentado un recurso contra el auto de la magistrada del pasado 23 de marzo por el que admitió la denuncia contra Franco y acordó la práctica de una batería de diligencias para comenzar la instrucción.
Es la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia sbre esta causa, por lo que explica en su escrito que "esta circunstancia obedece" a que la jueza instructora aplicó la suspensión de plazos procesales por la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
Sobre el delito de prevaricación administrativa el recuso explica que "en primer lugar" debe concretarse cuál es el hecho que se considera prevaricador y añade que, "sin embargo, en el auto objeto de apelación no parece identificarse con claridad la resolución emitida por el investigado cuya ilegalidad haya que valorar".
Las diligencias se incoaron a raíz de la denuncia presentada por un abogado contra varias personas, entre ellas el delegado del Gobierno, en la que invocaba la existencia de un delito de prevaricación administrativa como consecuencia de las manifestaciones autorizadas por el denunciado entre los días 7 y 8 de marzo de 2020, a pesar de que el 2 de marzo de 2020 el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades había emitido un informe enviado a todos los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea en el que instaba a éstos a considerar la cancelación de las concentraciones masivas en casos excepcionales.