Tormenta en la Abogacía del Estado por los comunicados y las filtraciones sobre Junqueras

Los abogados del Estado andan estos días muy dolidos con su asociación profesional y con la Abogada General del Estado, Consuelo Castro, al considerar que han jugado con el prestigio profesional de un colectivo de funcionarios de élite, que en desde hace muchos años, por su prestigio y preparación jurídica han sido cantera de los altos cargos ministeriales, tanto de os gobiernos del PP como del PSOE.

La razón de este enfado, que según diversas fuentes del propio colectivo han motivado la dimisión de dos integrantes de su Consejo directivo, como es le caso de Mª del Carmen Tejera Gimeno, abogada del Estado-Jefe en la Secretaría de Estado de Economía, del Ministerio de Economía y Hacienda, y Estrella Rocío Pardo González, abogado del Estado-Jefe del Servicio Jurídico de Castilla-La Mancha.

Ambas solicitaron a Bertrán que se la Asociación reprobara a la ministra de Justicia Dolores Delgado por las presiones recibidas desde el Gobierno.

La primera, Carmen Tejera fue noticia al defender que un Gobierno en funciones no podía desbloquear los 4.500 millones para las Comunidades Autónomas y la ministra de Hacienda tuvo que buscar el apoyo de Consuelo Castro para poder hacerlo. Tejera, además, participó en el juicio del 'procés' como testigo sobre el delito de malversación de los acusados, en su calidad de perito de Hacienda.

El enfado entre los miembros de la organización se centra fundamentalmente en la figura de Fernando Bertran Girón, su presidente – en el cargo desde el 11 de marzo de 2016, tras suceder a Edmundo Bal Francés, cesado como abogado del Estado en el juicio del procés por mantener una pena contraria a la que defendía el Gobierno, y hoy en las filas de Ciudadanos como diputado-, al que buena parte de sus bases asociativas le acusan de ser el principal culpable de la publicación del comunicado emitido por la Asociación el pasado 29 de diciembre de 2019.

Dos comunicados

En un par de contundentes párrafos se afirmaba que: "Ante las recientes informaciones publicadas, el consejo directivo de la Asociación de Abogados del Estado rechaza cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado".

Este comunicado se emitió tan unas horas antes de que ERC reconociese públicamente el sentido del escrito que la Abogacía del Estado iba a presentar ante el Tribunal Supremo, que favorece la puesta en libertad de Oriol Junqueras.

Previamente a este comunicado, el 11 de octubre de 2019 se emitió otro, previo a la sentencia del 'procés' en el que se decía que: "rechazamos radicalmente tanto las filtraciones como las opiniones y críticas que, al margen de criterios técnicos-jurídicos, siembran dudas sobre la profesionalidad y sujeción al principio de legalidad de quienes formamos parte de la Abogacía del Estado".

Los abogados del Estado consultados por elEconomista consideran que el último comunicado de la Asociación no se refería al Gobierno y a ERC, sino a Vox y a la Asociación de Abogados 24.2 (artículo de la Constitución referido al Derecho a tener un juicio justo), que habían anunciado su intención de llevar a los tribunales a los responsables del escrito remitido al Supremo, si se solicitaba la libertad para Junqueras, y por la filtración de este a ERC, que había impuesto estas condiciones al PSOE para que sus 15 diputados se abstengan para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez.

Edmundo Bal ha denunciado el "espectáculo bochornoso" de que se someta a la aprobación de un partido político el sentido de las alegaciones que presenta la Abogacía del Estado ante el Supremo. Esta es una opinión muy extendida entre los abogados del Estado a día de hoy.

También, hay una coincidencia generalizada en señalar que si hay algo claro en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras es que, bajo ningún concepto, se determina que sea obligatorio dejarlo en libertad, como pide ERC.

Interpreta el Supremo

También, entienden que resulta meridianamente claro, que el Supremo deberá pedir cuanto antes al Parlamento Europeo que levante la inmunidad de Junqueras para que deje de ser parlamentario estar incurso en una pena de prisión en España, con una sentencia firme. El Supremo confirma la sedición en la sentencia del procés pero no blinda el tercer grado: Junqueras, con 13 años, se lleva la pena de prisión más alta.

El problema, apuntan los consultados por elEconomista, es que la Abogacía del Estado forma parte del Ministerio de Justicia y su jefa es nombrada por el Consejo de Ministros. Su función es la de ser parte, y por tanto su función no es, como la Fiscalía, que defiende el principio de legalidad en cada procedimiento y mucho menos, como la del Juez, que dicta una sentencia ajustada a Derecho.

La Administración General del Estado está sometida al principio de legalidad y, por tanto, debe de actuar siempre conforme a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, siendo su actuación plenamente susceptible de control jurisdiccional– son los que sirven de base a la regulación de la asistencia jurídica del Estado, que está recogida en la Ley 52/1997, de Asistencia Jurídica al Estado e instituciones públicas que regula las prerrogativas e instrumentos de los que goza el Estado para su defensa.

Intereses generales

La Abogacía del Estado defiende los intereses del Estado, para lo que debe mantener el equilibrio entre lo que le argumenta el Gobierno y la defensa de los intereses generales, algo complicado, puesto que en España el Poder Ejecutivo es mucho más influyente que el Legislativo o el Judicial a la hora de determinar como actuar ante los tribunales.

El artículo 103 de la Constitución Española establece que la Administración Pública sirve "con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho". Estas bases son las que deben regir la actuación de la Abogacía del Estado, según estiman sus propios miembros.

Además, no se puede olvidar, que aunque casi todo el mundo ha dado por hecho que el informe de la Abogacía es clave en las negociaciones entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, pero lo que es claro, es que no es manera alguna vinculante para el Tribunal Supremo, que es quien deberá tomar la definitiva sobre lo que hay que hacer, al interpretar la sentencia que respondía a una cuestión prejudicial elevada por el propio Alto Tribunal. ERC es consciente de ello y habrá que ver si se conforma con este gesto o decide esperar a la sentencia.

Decía elEconomista en octubre de 2019, cuando se publicó la sentencia que: "Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ponente de la sentencia del 'procés', ha alcanzado un logro que quedará para los anales de la historia jurisprudencial del Tribunal Supremo, como ha sido la unanimidad de la Sala, cuando ni tan siquiera había acuerdo entre las acusaciones públicas, que, entre otros muchos asuntos, discrepaban de la tipificación a aplicar: traición o sedición".