Política

La Fiscalía solicita a Llarena suspender la inmunidad de Puigdemont y Comín y mantener la euroorden

  • Pide tramitar con urgencia ante el Parlamento Europeo la suspensión
  • Llarena reactivó la euroorden de detención tras la sentencia del procés
  • Fiscalía afirma que Junqueras no sufrió indefensión al seguir siendo juzgado

María Medinilla

La Fiscalía ha pedido este lunes al magistrado de la Sala II e instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, que solicite al Parlamento Europeo a la mayor brevedad la retirada de la inmunidad al expresident de la Generalitat Carles Pugidemont y al exconseller Toni Comín y mantenga la euroorden de detención contra ambos que reactivó tras conocerse la sentencia del juicio al procés.

La decisión de la Fiscalía responde a los últimos acontecimientos protagonizados por los huidos tras publicar el Tribuna de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el fallo que reconocía la inmunidad de la que tendría que haber disfrutado Oriol Junqueras como eurodiputado electo. Tras esta sentencia, tanto Puigdemont como Comín -también diputados electos- fueron autorizados para recoger sus actas de diputados europeos y así lo hicieron el mismo viernes al recoger su pase provisional

Así, a la mayor urgencia, la Fiscalía insta al Alto Tribunal a tramitar ante el Parlamento Europeo dos cuestiones: una, la petición de suspensión de la inmunidad reconocida en el artículo 9 del Protocolo de la Cámara europea en el que basó su argumentación el TJUE "al objeto que deje sin efecto los plazos para la resolución de la entrega" hasta que se decida.

Y dos, asegurar la continuidad de las medidas cautelares impuestas sobre Puigdemont y Comín: "prisión provisional, órdenes nacionales e internacionales de detención y la declaración de rebeldía, que solo podrá dejarse sin efecto cuando comparezcan voluntariamente o sean entregados para responder de los cargos que se les atribuye".

Tras la sentencia llegada desde Europa, Llarena, abrió un plazo de cinco días para que Fiscalía, acusaciones particular y popular, y a las defensas de Puigdemont y Comín formularan las alegaciones al fallo que consideraran convenientes ante la posibilidad de que el auto pudiera tener la misma incidencia en Junqueras que en los huidos.

Eurodiputados en "rebeldía"

Para la Fiscalía, la inmunidad parlamentaria debe entenderse para garantizar el buen funcionamiento de la institución y la independencia de sus miembros, pero en ningún caso como un "privilegio personal del diputado". En el escrito, el equipo fiscal compuesto por Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, remarcan que Puigdemont como Comín fueron procesados el 21 de marzo de 2018, ya huidos en Bélgica, y cuando fueron elegidos eurodiputados ya habían sido procesados y declarados en situación de rebeldía "por lo que eran plenamente conscientes de las limitaciones que comportaba su situación procesal en el efectivo ejercicio de sus derechos políticos".

Por último, recuerdan que el tribunal del juicio al procés estableció que el suplicatorio en el caso de Junqueras carece de "justificación constitucional" en el caso de Puigdemont, cuando el asunto ya se encuentra instruido y en los aledaños del juicio oral.

En otro orden de cosas, la Fiscalía ha enviado al Supremo este lunes un nuevo escrito sobre la situación de Junqueras en el que se reafirma en que al exvicepresident no le generó "de ningún modo indefensión" el continuar siendo juzgado tras salir elegido eurodiputado y aprovecha para recordar que actualmente no está sujeto a ninguna medida cautelar, "sino ejecutoriamente condenado a 13 años de prisión".

El escrito informa en contra de las peticiones de nulidad de la sentencia del realizadas por las defensa tanto de Junqueras como del exconseller Raül Romeva antes de conocerse la sentencia del TJUE, como requisito para recurrir sus condenas ante el Tribunal Constitucional.

Además, la Fiscalía ha publicado también un segundo escrito sobre la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, para rechazar también la nulidad de la condena por no darse los requisitos que exige la ley para que ello se produzca.