El PP tilda de "lamentable" el informe que frena la financiación autonómica y lanza una ofensiva contra el Gobierno sin descartar la vía judicial

El Partido Popular ha decidido lanzar una ofensiva total contra el Gobierno en funciones a cuenta de los impagos del Estado a las autonomías. Un plan de ataque que incluye el frente parlamentario y el autonómico y que se ha desatado después de que se revelara que el Ministerio de Hacienda no ha contado con ningún informe por escrito de la Abogacía del Estado que plasmara su dictamen de que el incremento de las entregas a cuenta planteado para 2019 no se podría abonar por un Gobierno en funciones, es decir, que no esté en plenas facultades.

De hecho, el documento, al que ha tenido acceso elEconomista, no se firmó y entregó a Hacienda hasta este mismo martes, después de que fuera exigido por el Grupo Popular en la Cámara Baja y que no fue requerido por el Departamento hasta la semana pasada, tal y como admitió su responsable, María Jesús Montero. Con todo, en él la Abogacía aclara que recoge "los criterios que, de modo reiterado, esta Abogacía del Estado ha anticipado a diversas autoridades y funcionarios del Ministerio de Hacienda".

A continuación pasa a reiterar que el alza de las entregas a cuenta a las regiones no se puede hacer en la actual interinidad, puesto que "su fuerte trascendencia cuantitativa y cualitativa es subsumible" de ser un instrumento de "orientación política" dado que con esta medida se puede "comprometer o condicionar la actuación del nuevo Gobierno".

Fuentes del PP, que indican que ya cuentan con el informe, consideran que su contenido es "lamentable. No lo firma el Abogado General del Estado y lava la cara a un alto cargo político, lo nunca visto". Sobre los argumentos del documento, no los comparten. "Enviar fondos ordinarios a las comunidades para pagar servicios públicos, el Estado no fija ninguna orientación política con eso", protestan. "Es una argumentación mala que no tiene ni pies ni cabeza. Está hecho a medida y muy mal".

Por eso, los populares se han decidido a poner en marcha la maquinaria política, que han iniciado con una pregunta parlamentaria en la que consultan por qué desde hace un año no se convoca a las autonomías a un Consejo de Política Fiscal y Financiera. "La desidia es total", critican.

Vía judicial

Si no hay resultados, avisan de que tomarán la vía judicial a través de las comunidades autónomas de color popular. "Tienen todo el derecho a reclamar lo que legítimamente es suyo. No descartamos que las regiones del PP tomen acciones legales si no se soluciona inmediatamente el problema" que está generando en las arcas de las regiones el impago del alza de las entregas a cuenta del Estado, unos 4.739 millones de euros, cifra que sube a 8.000 millones según las autonomías. Eso sí: de recurrir a los tribunales, la iniciativa será independiente a la ya puesta en marcha por Cataluña.

El PP ya ha pedido la dimisión de Montero, por la espontánea aparición del informe de la Abogacía este martes, acusándola de haber mentido sobre su existencia previa a esta fecha. Precisamente por esta causa, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, anunció que su grupo parlamentario pedirá su reprobación.

Reacción de los barones de Casado

Dentro del frente abierto por el partido que lidera Pablo Casado contra el Gobierno por los impagos de adelantos por parte del Estado a las regiones, un papel importante lo juegan sus barones. Todas los presidentes de las regiones populares, sin excepción, reclamaron ayer al Ministerio de Hacienda la resolución del problema y la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la situación.

El primero en hacerlo fue el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a través de su perfil de Twitter. "Reclamo a Pedro Sánchez la convocatoria urgente y monográfica del CPFF sobre financiación autonómica". A él se sumó, a través de este canal, el gallego Alberto Núñez Feijóo: "Un Gobierno en funciones no es un Gobierno sin funciones. Y la más importante es que los servicios públicos se presten con normalidad. Pedimos un CPFF inmediato. Los ciudadanos necesitan explicaciones y soluciones sobre financiación autonómica".

"El Gobierno socialista en funciones se ha estado escudando en un informe inexistente de la Abogacía. Les pedimos que convoquen el CPFF de manera inmediata para dar explicaciones", reclamó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Mientras, su homólogo en Castilla y León, reclamó en similares términos y "de manera urgente el CPFF para dar soluciones y garantizar los servicios públicos a las personas". El presidente murciano, Fernando López Miras, hizo la misma exigencia, al reclamar que "el Gobierno de Sánchez no puede quedarse de brazos cruzados ante la situación extrema a la que está llevando a las regiones".