El Gobierno interviene la opa

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell se ha dado de bruces con el Gobierno. Así, el Consejo de Ministros supedita la operación a que la entidad vasca mantenga al vallesano independiente durante tres años, ampliables a otros dos. Una medida que en la práctica supone impedir la fusión. Pero por si quedaban dudas, BBVA no podrá ejecutar durante ese periodo ajustes en la plantilla conjunta ni en la red de sucursales asociadas a la operación. De hecho, cada entidad tendrá que preservar su personalidad jurídica, su patrimonio separado y autonomía de gestión. Este endurecimiento de las condiciones de la opa no sorprende. De hecho, el Gobierno ha mostrado su rechazo a la operación desde el primer momento. Un posicionamiento que no ha cambiado en ningún momento, como demuestra que el propio Pedro Sánchez garantizara a Salvador Illa, el pasado fin de semana, que fijaría condiciones más exigentes que las que impuso la CNMC.

El presidente de Cataluña es el primer interesado en que la operación fracase por el rechazo que esta opa genera en la autonomía. Esto demuestra que los intereses políticos han estado detrás de la decisión del Gobierno. Con todo, la clave de la supervivencia o no de la opa está en si las condiciones del Ejecutivo eliminan las sinergias que la entidad vasca esperaba lograr. Pero independientemente de la decisión que BBVA tome, la realidad es que el Gobierno ha intervenido la operación no por criterios de mercado, sino por elementos políticos. Esto no es un obstáculo para atraer inversores, aunque es necesario recordar que el Ejecutivo tenía todo el derecho legal a intervenir en la operación, al ser el bancario un sector regulado. BBVA, por tanto, cometió un grave error al no tener en cuenta el contexto político y las posibilidades legales de actuación del Gobierno a la hora de lanzar la operación.