Cuando el Gobierno adopta la estrategia del independentismo para encubrirse

El independentismo siempre se ha esmerado en presentar a España como un Estado que niega y persigue sus derechos e ideas mediante estructuras autoritarias. Para ello, no ha dudado en desprestigiar sistemáticamente al poder judicial, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a cualquier institución que ejerciera su función de control y, cuando les ha convenido, al Tribunal Constitucional.

Esta narrativa ha sido clave para justificar, tanto dentro como fuera de España, sus desafíos al orden constitucional y la corrupción, convirtiendo en legales actos que vulneran la ley, y sus condenas y/o investigaciones judiciales en persecuciones políticas. Traigo esto a colación, porque siendo lamentable el sacrificio de la decencia y de la verdad que suele acompañar al relato independentista, más lo es que el presidente del Gobierno de España haya hecho suya esa estrategia, adoptando los mismos códigos y técnicas del independentismo, para defenderse de las investigaciones judiciales que afectan a su entorno personal y político.

No me referiré a la entrega de privilegios a cambio de sus votos para seguir en la Moncloa en forma de indultos, desjudicialización de todo lo relacionado con el llamado "procés", supresión del delito de sedición, reforma de la malversación, y una ley de amnistía sin precedentes en la Europa democrática, como sostenía el mismo presidente del Gobierno antes de necesitar sus votos, sino al hecho de que, desde hace semanas, los portavoces del PSOE, del Gobierno, y sus medios afines, han impulsado una campaña de ataque contra la Unidad Central Operativa (UCO), órgano central del servicio de policía Judicial de la Guardia Civil, con la clara intención de restarles toda credibilidad a los informes que elabora para su posterior valoración judicial. La prueba más evidente de lo que sostenemos es la aparición pública de una militante del PSOE intentando negociar con personas implicadas en presuntos delitos. A cambio de favores fiscales o judiciales, buscaba obtener pruebas que estos decían tener contra el coronel al mando de la UCO y contra la Fiscalía Anticorrupción.

Esto se une a los ataques que, desde hace más tiempo, tienen por objetivo el descrédito de la judicatura bajo la acusación de Lawfare, es decir, la supuesta utilización del poder judicial para fines políticos, que no es más que una criminalización preventiva del sistema judicial, convertida en excusa anticipada para justificar eventuales escándalos de corrupción. No se discuten los hechos: se niega de raíz la posibilidad de que los jueces actúen con independencia. Este giro discursivo reproduce al detalle la lógica independentista: si el juez y la Guardia Civil investigan no es por la existencia de indicios de delito, sino por motivos políticos y si los medios informan, es porque son parte del complot. Es el relato de la inocencia previa, de la impunidad justificada por una supuesta persecución. La conclusión es evidente, si ese marco funciona para los independentistas, ¿por qué no aplicarlo también para cubrir los posibles casos de corrupción del propio entorno? Así, cualquier investigación judicial, como la que afecta a Begoña Gómez, al hermano del presidente, David Sánchez, al Gobierno o al PSOE por ejemplo en el llamado "caso Koldo-Ábalos-Sánchez", es presentada como una maniobra política, orquestada por una supuesta "ultraderecha judicial o policial" en connivencia con lo que llaman seudo medios de comunicación.

El paso dado es cualitativo, porque cuando el poder político convierte en enemigo a quien lo investiga y se sugiere que todo control judicial es persecución ideológica, se mina la base misma del Estado de Derecho. En ese momento, se abre la puerta a que la corrupción no se combata, sino que se justifique; a que las instituciones no se respeten, sino que se acusen; a que las responsabilidades no se asuman, sino que se disuelvan chapoteando en las cloacas. Estamos ante una perversión democrática de primer orden. No solo se erosiona la confianza en las instituciones, sino que se subordina la verdad a la conveniencia política. Lo que ayer era un ataque al Estado por parte de quienes lo querían romper, hoy es una táctica asumida por quienes están en el gobierno. Se difumina o elimina la línea entre lo legal y lo que no lo es, entre crítica legítima y demolición institucional.

El Gobierno ha cruzado un umbral: ha dejado de ser garante del marco institucional para convertirse en su destructor. Y lo ha hecho adoptando, casi sin matices, la misma estrategia con la que el independentismo lleva años intentando debilitar y oscurecer la imagen de España. Si alguna vez fue una concesión táctica, hoy es una herramienta propia. En definitiva, el problema ya no es solo que haya fuerzas políticas que trabajen para deslegitimar a España desde fuera del marco constitucional, sino que el gobierno utiliza su poder para eludir dar explicaciones maniobrando del mismo modo que quienes desde hace años pretender romper el Estado.