Sin diálogo ni libertad no habrá empleo ni prosperidad

Hace menos de tres años, a finales de 2022, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) junto con los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT celebrábamos tres décadas desde la creación de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), un estable marco social que propicia acuerdos para reforzar la paz social y conseguir mejoras laborales pactadas; un marco que se mantuvo sólido incluso durante lo peor de la crisis financiera de 2008 y que, meses después de aquel 30º aniversario, derivó en otro acuerdo histórico, el VII Convenio General, que crea el primer plan de pensiones sectorial en España o por primera vez regula el trabajo en condiciones climáticas extremas. En suma, en la construcción demostramos que el diálogo social, cuando es leal, funciona.

Estos días, sin embargo, nos encontramos con la aprobación unilateral y sin consenso de una medida que agravará la situación de las empresas y que afectará directamente al sueldo de más de un millón de empleados de la construcción, al igual que en otros muchos sectores como el agrario, la hostelería o el comercio. Un anteproyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo que la fijará en 37,5 horas semanales en cómputo anual y que resulta totalmente contrario a los 33 años de exitoso diálogo social sectorial entre empresarios y empleados. Y que ha sido impulsado por un ministerio, Trabajo, que venía jactándose de sacralizar este diálogo social.

La norma impuesta para la reducción de la jornada, junto con un mayor control y un incremento sensible de las sanciones, en un sector como el de la construcción, compuesto en más de un 95% por pymes y autónomos, va a atacar directamente al salario, particularmente por las horas extraordinarias, en más de 7.000 euros al año por trabajador de media. Cabe recordar que este anteproyecto de ley, pendiente de negociación parlamentaria y al que nos oponemos con razón y firmeza, conlleva un régimen extraordinariamente agravado y peligroso en la realización de horas extra, que recordemos son voluntarias para el trabajador y con un abono habitualmente muy superior a las normales.

Estas horas extras, al margen de permitir a los trabajadores incrementar voluntariamente sus ingresos para gastos extraordinarios o urgentes, podrían igualmente aumentar considerablemente la recaudación del Estado.

Por ello, tras una larga reflexión, vemos necesario flexibilizar el régimen de horas extraordinarias. En concreto, consideramos que por picos de producción, plazos de ejecución y necesidades de infraestructuras y viviendas se deberían permitir alrededor de 450 horas extras al año, lo que supone elevar entre 1,5 a 2 las horas posibles extras al día, algo nada exagerado en la práctica, pues ahora sólo se permiten por ley 80 horas al año.

En este sentido, hemos calculado que si se ampliara el límite actualmente en vigor al millón de trabajadores por cuenta ajena de la construcción, el Estado ingresaría más de 5.015 millones de euros en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones por IRPF; de manera que se contribuiría a sufragar, por ejemplo, el 2,6% del coste total de las pensiones.

Dentro de la oposición al anteproyecto, cabe resaltar también que la construcción está marcada por la necesidad de movilidad geográfica de empresas y trabajadores, ahora especialmente necesaria para la reconstrucción tras la DANA; pues bien, los desplazamientos no siempre resultarán rentables ante las rigideces de horarios y jornadas propuestas, condenando a los trabajadores trasladados al pluriempleo o a la economía sumergida. Y no digamos para los materiales como cementeras, azulejeras, ladrilleras… que tendrían que poner un turno más en sus industrias.

A nuestro juicio, en lugar de poner el foco en la reducción por ley de la jornada o en la complicación y agravamiento del régimen de horas extras, los esfuerzos deberían centrarse tanto en controlar su ejecución y velar por su reflejo en nómina, abono y cotización, como en permitir a la negociación colectiva reducir cuando considere la jornada forzosa y flexibilizar la voluntaria para equipararnos a la media de la UE.

España con Finlandia representan una anomalía en Europa, pues son los únicos países que establecen un límite rígido y no ampliable por convenio. En otros como Italia o Francia los umbrales están en 250 y 220 horas extras anuales, respectivamente, ampliables por negociación colectiva; mientras que en Dinamarca, Estonia o Reino Unido no existe un límite específico.

Estamos, pues, ante un ataque en toda regla contra la negociación colectiva, las pymes, la movilidad, la capacidad de los trabajadores de incrementar ingresos voluntariamente, la productividad y la capacidad de producción y de reducción de plazos en momentos críticos, a un sector que es líder mundial.

Así pues, estas medidas pueden frenar la actividad constructora y agravar dos problemas bien conocidos en la actualidad: el déficit de trabajadores y los problemas de vivienda.

Junto con la falta de mano de obra, la reducción de jornada pone en entredicho nuestros objetivos como país, ya sean para construir las viviendas que necesitamos, públicas o privadas, ya sean para impulsar la transformación y modernización de España.

Me refiero también a carreteras, estaciones de tren, aeropuertos, hospitales, colegios, infraestructuras hidráulicas… obras, en suma, que podrían acometerse con el impulso de los fondos europeos pero que, sin embargo, quedarían en el aire por culpa de medidas de este tipo.

El abultado coste de reducir la jornada recaerá, en su mayor parte, sobre las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales atraviesan una delicada situación. No es que los empresarios busquen aumentar competitividad a base de rebajar salarios y jornadas, sino que estas medidas pueden cronificar letalmente nuestra baja productividad en comparación con las economías de la UE aumentando los costes laborales con su reflejo en la creación de empleo.

Menos mal que la precariedad parlamentaria del Gobierno de coalición podría abocar esta medida al fracaso cuando se vote en el Congreso de los Diputados. Y ojalá así sea.

Porque no es tanto una cuestión de obligar a trabajar más o menos horas como de dejar trabajar, voluntaria y libremente, a quien así lo quiera o necesite. Porque las empresas necesitan libertad y que los gobiernos huyan de proclamas electoralistas y populistas. En su lugar, necesitamos políticas constructivas. Políticas valientes y decididas pero forjadas sobre bases sólidas y de consenso. Y la mejor herramienta para lograr esa convicción es a través del diálogo social, la mejor medicina contra la incertidumbre. Por eso es tan importante dialogar y pactar, no imponer ni restringir la flexibilidad y libertad que requieren las empresas para mejorar, competir, crear empleo y prosperidad.

Son las buenas empresas las que crean los buenos empleos. Y es la creación de buenos empleos la mejor solución frente a buena parte de los problemas socioeconómicos que encaramos en España.