Los apartamentos turísticos en la reforma fiscal: un disparate fallido que castiga a las clases medias

De una manera muy poco ortodoxa, se ha intentado introducir una mini reforma fiscal mediante una batería de enmiendas al proyecto de ley del tipo mínimo global del 15% aplicado a las grandes empresas. Ley que estamos obligados a transponer por la normativa europea antes de que acabe el año. Las principales medidas que se pretendían aprobar por la puerta de atrás, sin ningún tipo de informe preceptivo y exposición pública previa, no sé bien si se han quedado por el camino al ser tumbadas en una caótica y esperpéntica comisión de hacienda celebrada en el Congreso. Y es que en referencia al impuesto a la banca y a las energéticas, tras un pacto de última hora, unos dicen una cosa y otros su contraria. No hay quien se aclare. En cuanto a las primas de seguro, pisos turísticos, SOCIMIS, entre otros, por ahora, no verán alterada su tributación y digo por ahora, porque las enmiendas rechazadas quedan vivas hasta el pleno de este jueves en el que, tras nuevos pactos, pueden volver a debatirse y votarse, aunque lo más sensato sería dejar caer las enmiendas y que se aprobara solo el texto de la tributación mínima global del 15% para las multinacionales.

Una de las bombas de relojería que se coló en la reforma fiscal es la vivienda. Varias enmiendas registradas pretendían gravar fuertemente al sector del alquiler de pisos turísticos. Justificaron el aumento de la carga impositiva ante la presión, según Sumar, que ejercen sobre los precios de los alquileres en el mercado local, pero como veremos, el relato está lejos de la realidad.

Entre las medidas que se pretendían aprobar nos podemos encontrar un aumento del IVA al 21% mientras que el sector hotelero tributa al 10%, una propuesta a contracorriente de la directiva europea –actualmente en tramitación– que insta a los gobiernos a buscar la "consistencia" en el tratamiento fiscal entre servicios de alojamiento similares, la imposición de recargos por parte de los ayuntamientos, eliminación de deducciones, y aumento en las imputaciones de rentas, lo que sin lugar a duda repercutiría en los pequeños propietarios de los pisos. Piense el lector que la mayoría son autónomos, micropymes y pymes. En este sentido de las 10.000 licencias actuales que hay por ejemplo en Barcelona, estas se reparten entre 5.000 propietarios, lo que supone una media de dos viviendas turísticas por propietario.

El relato y el marketing político llega hasta tal punto que achacan al sector el no pagar impuestos cuando el sector está regularizado y lejos de la economía sumergida. Siguiendo con Barcelona, cada apartamento turístico paga más de 1.300 euros al mes en impuestos, lo que supone más de 160 millones anuales de ingresos para las administraciones públicas, según un informe de RBD Consulting. Por su parte, el sector estima un impacto económico total de 347 millones de euros anuales por el alojamiento en las viviendas de uso turístico, mientras que el indirecto (alimentación, compras, actividades y transporte local) asciende a 1.200 millones.

El aumento impositivo también perjudicaría a los usuarios de este tipo de viviendas que como todos sabemos, son familias de rentas medias que valoran un precio más competitivo respecto a otro tipo de alojamientos, un mayor espacio y comodidad, su integración en la vida cotidiana de la ciudad y su flexibilidad y privacidad.

Cierto es que la vivienda es un gran problema al que nos tenemos que enfrentar y que hay zonas tensionadas con precios tanto de alquiler como de compra muy altos, pero problema, no se va a resolver de un plumazo demonizando y crujiendo al sector elevando su tributación. El relato está lejos de la realidad. No hay evidencia concluyente de que las viviendas turísticas sean a la causa directa del aumento en los precios de la vivienda. Los pisos turísticos legales apenas suponen el 1% del total de viviendas en ciudades como Madrid y Barcelona, por lo que no existe un volumen significativo para impactar en el mercado del alquiler. El principal desequilibrio que presenta el mercado inmobiliario es la falta de oferta de vivienda, especialmente de vivienda asequible ante una demanda que se ha visto aumentada en parte por los flujos migratorios. Desde 2022 han llegado a nuestro país un millón y medio de nuevos residentes. Nos enfrentamos a un problema estructural que debe ser abordado. Falta suelo finalista como también escasea la mano de obra cualificada. La solución no es sencilla y requiere de actuaciones a medio y largo plazo en el que la colaboración publico privada será fundamental. Resulta necesario flexibilizar las condiciones de la oferta para que aumente la producción de viviendas, en particular, mediante la revisión de los procedimientos de gestión del suelo urbanizable.

Pretender solucionar el problema gravando el alquiler de los pisos turísticos no es la solución y perjudicará nuevamente a las rentas medias y a las familias que son las que más valoran convivir en un mismo espacio, y las más sensibles a nivel de precio y coste. Incrementar los impuestos en este modelo de alojamiento repercute en la capacidad de que las familias españolas puedan hacer vacaciones y en desmotivar a los propietarios a legalizar sus licencias para este tipo de negocio.