La estafa del 'cupo catalán'

Aunque no se sepa con precisión qué es lo que contiene el pacto singular entre el PSC y ERC, es obvio el apoyo implícito de Sánchez sí se sabe que el acuerdo traspasa todos los impuestos del Estado a la Generalitat de Cataluña, lo cual implica que el Gobierno de la región pactará con el Gobierno de España. Un cupo que, teóricamente, cubrirá con cargo a los impuestos cobrados por la Generalitat los gastos que generan allí los servicios prestados por el Estado.

Pues bien, un profesor y letrado del Parlamento catalán, Joan Ridao, afirma que dicho acuerdo, lejos de crear desigualdades, contiene los mimbres para hacer efectiva una descentralización política mayor y un grado de responsabilidad fiscal más amplio que permitirá "la adaptación del sistema tributario a las especificidades del tejido productivo y de las necesidades sociales de cada comunidad" y redundará en "una mejora de la eficiencia y el control de la deuda". Todo esto es falso, pero sí queda claro que Joan Ridao tiene la cara de cemento armado.

Sea como sea, lo del cupo es una estafa. Puede ser comprobado leyendo a lo que ha conducido el País Vasco, donde sistemáticamente los gobiernos de allí pagan al gobierno central cifras ridículas.

Teóricamente, el cupo es la cantidad que el País Vasco (2,2 millones de habitantes, el 4,5% de los españoles) paga al Estado por las cargas generales que este asume (no sólo por los servicios que presta en aquella comunidad). El cupo se reduce lógicamente cuando se transfieren nuevas competencias. PNV y Gobierno (UCD) acordaron que el cupo se calcularía en función de la renta de las provincias vascas, y fijaron un índice de imputación del 6,24% sobre los gastos totales del Estado, considerando el peso que Euskadi tenía en la economía española. Se suponía que eso era variable, pues con el tiempo debería cambiar al alza o a la baja. Pero en 43 años jamás ha variado. Aquel porcentaje del 6,24% no fue calculado sino pactado y quedaba muy por debajo del dato real, que estaba por encima del 7%. Así las cosas, entre 1987 y 1995 el cupo pasó de 103,8 mil millones de pesetas a 17,8 mil millones.

Esta bajada de pantalones por parte del Estado se concretó en 1981, y también se les ofreció a los separatistas catalanes, pero éstos no lo quisieron entonces porque aquello implicaba (lo diré en palabras de Álex Grijelmo1) "recaudar impuestos es tarea ingrata y es mejor que el Estado quede mal como poli malo; y que luego nos transfiera lo que necesitamos para quedar como poli bueno".

El proceso abierto por el sanchismo de acuerdo con los separatistas catalanes puede quedar embarrancado (¡ojalá!) en las Cortes, pero de seguir adelante entraremos en un proceso letal para España, pues matará, de facto, todos y cada uno de los principios jurídicos y políticos en los que se basa nuestra Constitución.

Claro que a Sánchez parecen importarle muy poco la letra y la filosofía de la Constitución. Y lo mismo puede predicarse de todo el sanchismo, dentro del cual parece estar incluido el Tribunal Constitucional.