¿Un paro patronal? El Gobierno cede para no pinchar su 'cohete'

¿Qué pasaría si todos los empresarios de este país se ponen en huelga al igual que lo han hecho los agricultores? La posibilidad de celebrar un paro patronal ha estado rondando la cabeza de los máximos dirigentes empresariales durante las últimas semanas ante la situación de hartazgo en la que se encuentran.

"Nunca se ha hecho y además no está recogido como tal en los estatuto de los trabajadores", razona un alto dirigente, "así que lo mejor será seguir trabajando. Pero no podemos seguir así, el intervencionismo es brutal, no hay flexibilidad para acometer decisiones. Como venga otra crisis nos va a pillar sin margen de maniobra para ajustar los costes", señala.

Fruto de esta situación, las pequeñas empresas agrupadas en Cepyme aprovecharon su asamblea general esta semana para lanzar un manifiesto "Por la libertad empresarial". El acto contó con la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, conocida por ser el látigo de Sánchez.

El manifiesto exige que "el Gobierno cese su política de persecutoria e incriminatoria hacia las empresas" y acusa a éste de intervencionismo y de quebrar el diálogo social. El documento, de media decena de páginas, se lamenta, básicamente, de tres circunstancias, que han encarecido los costes laborales y puesto en una situación límite a muchos pequeños empresarios y autónomos: la subida del Salario Mínimo el 60%, el alza de las cotizaciones sociales y la amenaza de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin un recorte proporcional de los salarios.

Sobre este último aspecto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, señaló en su intervención en la asamblea de Cepyme, que están ante un "monólogo social" en vez de ante un "diálogo" y acusó sin mencionar a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que "si lo que quieren es una negociación con amiguetes -en referencia a los sindicatos- para que les den la razón, diremos que si cuando haya decir que si, pero tenemos la libertad y la independencia para decir que no estamos de acuerdo".

El revolcón de Díaz por su Gobierno abre la esperanza a que flexibilice el recorte horario

En medios patronales, tanto de Cepyme como de CEOE, la casa matriz, se matiza que su intención no es romper el diálogo social. "Tenemos aún muchas cosas que negociar" y se duda del respaldo que la propuesta de Díaz tenga dentro del propio Ejecutivo de Sánchez. Díaz dio dos ultimátum consecutivos a la patronal, que ha incumplido sistemáticamente, para legislar solo con apoyo de los sindicatos, como ya hizo en la última subida del SMI. El próximo lunes volverán a verse las caras en la mesa de negociación.

La confirmación de las dudas de la patronal sobre la actitud oficial vino desde el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de visita oficial en Japón. Cuerpo respaldó la reducción horaria porque España, según dijo, se ha quedado "en la franja a superior con respecto a Francia o Portugal", pero exigió "mayor flexibilidad en la aplicación de los plazos o aumentar las horas extra".

Dos de los requisitos reclamados por los empresarios, que quieren que la entrada en vigor se extienda dos años, en lugar de 2025, para dar tiempo a adaptar los convenios y renegociar la distribución de las horas extra. Cuerpo hizo hincapié en la especial dificultad de las empresas más pequeñas para ajustar las horas extra.

Otra de las incógnitas mencionadas por Garamendi en su discurso es la "legitimación parlamentaria". El recorte horario debe pasar la prueba de fuego, su validación en el Congreso de los Diputados en un momento de fragilidad de la coalición de Gobierno.

En este aspecto, el titular de Economía avanzó que "si se llega a un acuerdo equilibrado" que tenga "efectos positivos" espera un apoyo "mayoritario", en referencia a las advertencias recibidas por PNV y Junts, el partido de Puigdemont, contra el recorte horario. Aquí está la madre del cordero, que envalentona a la patronal y envenena el diálogo social. Como informa elEconomista.es hay hasta seis grandes proyectos legislativos en el aire ante la falta de mayoría parlamentaria, que van desde los Presupuestos a la Ley del Suelo, una norma esencial para desbloquear la construcción de miles de viviendas, necesarias para impulsar el crecimiento.

Desde las patronales, que están permanentemente en el ojo del huracán Díaz, como la de las grandes superficies comercial, Anged, se pone el grito en el cielo. "Acabamos de firmar un convenio para tres años que recoge subidas salariales del 17% y nuestros márgenes han caído a cerca del 2%. ¿Qué pretenden, que nos dediquemos a otra cosa? La inversión en cualquier depósito bancario es más rentable", se lamentan.

El recorte de Díaz supone un incremento adicional de los salarios del 6,2%, según los cálculos de CEOE, que se añadiría a los pactados y a los efectos negativos de la inflación sobre los costes de todo tipo.

Un informe de Fedea, un centro de estudios próximo al Banco de España, hecho público el lunes pasado señala que el recorte afectaría al 67% de la población ocupada, pese a que las horas medias trabajadas bajaron ya de 40 a menos del 37,7 semanales y la tendencia es decreciente. Es decir, dos de cada tres empleados tendría que reducir su horario laboral.

Los sectores menos afectados son los que tienen que ver con la función pública, sobre todo la educación, y los más perjudicados serán el turismo y la restauración, junto al pequeño comercio y la agricultura. Todos ellos repletos de pequeñas empresas, que tendrían serios problemas para adaptarse en tan poco tiempo y se verán forzadas a encarecer de nuevo los servicios que prestan, en un momento complicado para la inflación.

Fedea carga las tintas en las consecuencias negativas que acarrearía: segaría tres décimas de crecimiento anual en los dos próximos años y ocho décimas en el incremento del empleo. Pero, sobre todo, es un golpe bajo a la productividad, que lleva décadas de estancamiento, y es el principal estigma que aleja cada vez más nuestra renta per cápita de la media europea, hasta situarse como uno de los farolillos rojos de la UE.

En definitiva, otro atraco con alevosía y nocturnidad a las empresas. En especial a las pymes, que desde el Gobierno defienden con la boca chica. Para más inri, Díaz usa a las patronales catalanas Pimec y Copyme para reducir el peso de CEOE y Cepyme en la negociación laboral, al igual que hace en el campo frente a ATA.

El enfado de los empresarios es monumental. Es comprensible que el manifiesto de Capyme denunciando el intervencionismo oficial y la elevada fiscalidad que los ahoga, haya logrado la adhesión de las grandes patronales regionales.

Para colmo de males, la vicepresidenta Primera, María Jesús Montero, amenaza con otra vuelta de tuerca a empresas energéticas y bancos, a los que había prometido quitar el impuesto extraordinario a finales de año. El sector energético ya ha respondido con el parón de miles de millones de inversiones, principalmente en hidrógeno, las menos rentables.

Mubadala, dueño de Cepsa, amenazó con parar miles de millones de inversión por el impuestazo

El máximo responsable de Mubadala trasladó en el Foro de Davos a Sánchez, que los 3.000 millones anunciados por Cepsa en Andalucía permanecerán congelados hasta que se retire el impuesto a las energéticas. El proyecto está aún pendiente de su aprobación definitiva. Esta también fue una de las condiciones puestas por el grupo público de Emiratos, Taqa, para culminar su alianza con Criteria y comprar Naturgy. Como se sabe, la operación se frustró. Una sentencia del Constitucional italiano acaba de anular un impuesto energético similar en el país transalpino.

De nuevo, sólo cabe encomendarse a que el Gobierno no tenga mayoría parlamentaria para pasar el nuevo paquete presupuestario. El frenazo en el sector energético, uno de los más dinámicos, junto al turismo contribuye a la caída de la inversión y el deterioro de la productividad. España va como un cohete, pero corre el riesgo de estrellarse en cualquier momento. El Gobierno debería parar los pies a Yolanda Díaz y dejar de sacarse de la manga más impuestos a las empresas si no quiere pinchar la trayectoria ascendente de la economía y provocar un estrepitoso accidente en cualquier momento.

PD.-elEconomista entregó el premio Echegaray al empresario con mayor trayectoria internacional que más hace por nuestro país. El galardonado fue el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que fue presentado por su consejero delegado, Josu Jon Imaz. La sintonía y compenetración entre ambos asombró a los asistentes y muestra claramente el camino a seguir en las empresas para lograr la excelencia en su gestión.