Inversión escasa frente a la sequía

El problema del agua no es nada nuevo. De hecho, desde hace décadas se lleva hablando del peligro de la desertificación en España impulsada por el cambio climático. Pese a ello, la realidad es que no se ha hecho lo suficiente para evitar una sequía que ahora castiga a Cataluña, condenando a más de seis millones de sus ciudadanos a sufrir restricciones. Así lo demuestran los datos de inversión del pasado ejercicio, donde resalta que once comunidades autónomas hayan recortado sus desembolsos en agua. A la cabeza de los descensos están Asturias (-56,3%), Navarra (-63,8%) y La Rioja (-45,9%). Sin embargo, el caso que más destaca es el de Cataluña que, pese a ser el territorio que con mayor intensidad está sufriendo ahora la sequía, redujo el pasado año su inversión un 5,5%. Un dato que evidencia que esta región no ha hecho los deberes a tiempo y ahora se ve obligada a traer el líquido elemento en barco desde la desaladora de Sagunto (Valencia).

Ello pese a que el uso del agua desalada para los hogares duplica el coste al ciudadano. Por si fuera poco, Cataluña también podría haber evitado esta situación de emergencia si hubiera aceptado hace años el trasvase de agua del río Ebro desde su desembocadura en Tarragona hasta Barcelona. Esta decisión es sólo un ejemplo más de la incapacidad de los políticos y las administraciones para ponerse de acuerdo y diseñar un plan transversal, capaz de hacer frente a la cada vez más acuciante desertificación del país. Un necesario Pacto del Agua del que se habla desde hace más de dos décadas, pero que por intereses medioambientales o electoralistas no ha podido sellarse. Esto condena al país a un grave problema como la sequía ante el que, además, se lucha con inversiones insuficientes.