Ajuste solapado del gasto público

Pedro Sánchez confirmó que los Presupuestos Generales de 2023 se prorrogarán hasta que puedan aprobarse los del próximo año. Esta prolongación se debe a la mera tramitación parlamentaria, ya que el presidente cree tener atadas las cuentas públicas al anticipar que se aprobarán "en el primer trimestre" de 2024. Pero la realidad es que el Ejecutivo pretende sacar provecho de la prórroga realizando un ajuste del gasto sin necesidad de tener que reconocerlo como tal y, por tanto, sin pagar ningún precio político. Además, con dicho recorte podrá vender en Bruselas que tiene los deberes hechos de cara a cumplir con los objetivos del déficit el próximo año. Para lograrlo, el Ejecutivo se servirá de que la prórroga supondrá mantener sin cambios el techo de gasto fijado en 2024, cercano a los 200.000 millones.

Una cifra que de cara al próximo año se verá reducida por el efecto de la inflación, que oscilará entre el 3,5% y el 3,9%. Esto implica que dicho techo experimentará una reducción muy cercana a 8.000 millones. Una cifra que se acerca a los casi 10.000 millones que Moncloa baraja que la UE demandará el año que viene para que el déficit público baje al 3%. A la vista está que con este solapado ajuste del gasto público, Sánchez logrará un beneficio doble. Por un lado cumplirá con Bruselas sin que ello le pase factura desde un punto de vista electoral. Ahora bien, esta maniobra vuelve a dejara claro que el Gobierno carece de una hoja de ruta consistente para reducir los desembolsos, lo que supone un riesgo no sólo ante la vuelta de los objetivos de estabilidad a la eurozona. También se debe tener en cuenta que los mercados tienen ya el foco puesto en los altos desequilibrios públicos que presentan los países, lo que puede disparar las primas de riesgo.