Hacia un desierto industrial

El socialismo español tiene una asignatura pendiente: sacudirse la impresión de que su gestión perjudica la economía. El Gobierno de Zapatero estuvo a punto de provocar el rescate de España. El de Sánchez se distingue, hasta ahora, por una gestión decorosa, aupada por un alza sostenida de la recaudación impositiva.

El Banco de España pintó esta semana una acuarela tenebrosa. El director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, cargó contra los viernes sociales del Gobierno, auguró un déficit público al alza y un crecimiento a la baja, advirtió de la pérdida de competitividad y concluyó que 2019 será "un año perdido".

Y, efectivamente, es así. Resulta inaudito que mientras Sánchez carga contra Torra por saltarse la ley electoral y mantener los lazos amarillos en la fachada del Palau de la Generalitat, su Gobierno amplíe las prestaciones a los parados de larga duración mayores de 52 años o los plazos para disfrutar de las vacaciones de paternidad. Son medidas igual de electoralistas que las de Torra.

Se abandonaron los ajustes, se incrementó el gasto en más de 3.000 millones, entre mejoras salariales a los funcionarios, la devolución del IRPF de maternidad o la sanidad universal.

Asimismo, se subieron las cotizaciones sociales por culpa de un alza inédita del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 22,5%, que unido a un incremento salarial medio del 2,2%, muy por encima de la inflación, merma competitividad a las empresas en un momento delicado de desaceleración mundial.

En resumen, según el Banco de España, el déficit público, en lugar de reducirse en más de un punto, hasta el 1,3% del PIB, se incrementará en una décima, hasta el 2,5% este año. Y nos daremos con un canto en los dientes si la recaudación impositiva sigue mejorando, gracias a la resistencia de la economía a la desaceleración.

En el momento en que las circunstancias empeoren, volveremos a flirtear con el límite del 3% en el déficit público y a sentir sobre nuestras cabezas la espada de Damocles de apertura de un procedimiento por déficit excesivo.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de Hacienda, María Jesús Montero, prometieron medidas para atajar los desajustes fiscales, pero nada se sabe, de momento, ni creo que se sepa hasta después de las elecciones.

Pero aún hay más. El cambio tecnológico deja fuera de juego a muchas sociedades, incapaces de seguir el ritmo de inversión que se precisa. Más del 95% del tejido empresarial está integrado por pymes o micropymes, con escasos recursos.

La industria, que apenas aporta el 14% del PIB, seis puntos por debajo del objetivo de la UE, está también amenazada de extinción.

Mientras Maroto se acercaba a la industria automovilística, Ribera le asestaba un estacazo de muerte

Sánchez llegó a La Moncloa con el sano propósito de impulsar el empleo industrial, mucho más estable y mejor remunerado que el del sector servicios. Resucitó el Ministerio de Industria y puso al cargo a Reyes Maroto, muy interesada e implicada con el sector. Sin embargo, la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se convirtió pronto en un contrapeso para Maroto difícil de vencer, por su mayor influencia política.

Mientras Maroto se acercaba a la industria automovilística, generadora de casi el 10% del PIB, Ribera le asestaba un estacazo de muerte con su famosa frase de "el diésel tiene los días contados".

Nissan anunció este viernes la supresión de 500 empleos en su fábrica de Barcelona, el 17% de la plantilla.

La titular de Industria confiaba en evitar el cierre de Alcoa, el gigante del aluminio con más de 2.000 empleos industriales entre San Ciprián (Lugo), La Coruña y Avilés (Asturias), muy dependiente de la factura eléctrica. Pero un cicatero borrador de Real Decreto de Ribera sobre la industria electrointensiva, en la que la mayoría de sus costes dependen del recibo eléctrico, la condenó esta semana a su desaparición definitiva.

El decreto supone un ahorro en la factura de la luz de unos 112 millones anuales para al sector, frente a los más de 500 millones de la pasada legislatura. El recorte, además, quedará anulado por el impuesto del 7% a la generación eléctrica, que volverá a pagarse a partir de mayo.

Ribera se excusa en que la estricta norma europea le deja sin margen para sostener a la gran industria, acosada por la creciente competencia china, que produce a precios irrisorios gracias a la utilización masiva de productos fósiles, como el diésel o el carbón.

El coste de la luz para los particulares es mucho más caro que el de la industria

Pero la realidad es muy distinta. La UE permite reducir el recibo industrial siempre que se haga a costa de mermar las subvenciones a otras áreas, como las renovables.

La mitad de la tarifa de la luz española corresponde a peajes que pagamos todos para soportar las subvenciones concedidas en la época de Zapatero a las energías renovables, así como a mantener la redes de alta tensión y de distribución o financiar el déficit generado por los excesos en el gasto.

Cualquier merma en las ayudas oficiales puede utilizarse para compensar el coste excesivo de la gran industria en el recibo de la luz. Los dos países que aplican esta política con gran éxito son Francia y, sobre todo, Alemania.

El resultado sería que el coste para los particulares es mucho más caro que el de la industria, a cambio de que ésta mantenga su robustez. Ribera prefiere lo contrario, debilitar la industria, para evitar el descontento ciudadano que produciría una subida de la luz y el consiguiente efecto electoral. Una actuación cortoplacista, que representa un pasaporte al patíbulo para este sector.

El Plan Nacional de Energía y Clima, presentado hace unas semanas por el Gobierno, prevé crear 150.000 empleos de aquí a 2030 en energías verdes, pero nada explica de los cientos de miles de puestos que se destruirán por el camino, ni en qué recolocar a los afectados hasta su jubilación.

Los expedientes de regulación de empleo afectan a cientos de familias jóvenes con hijos y con hipotecas pendientes, que no tienen otra alternativa, porque sus puestos de trabajo se localizan en poblaciones que, en muchas ocasiones, tienen solo una industria.

Sorprende que Antonio Garamendi, el responsable de la gran patronal española, siga en su autocomplacencia

Para más inri, la Abogacía del Estado, se sumó al procedimiento abierto por el Ayuntamiento de Pontevedra contra Ence por la prolongación de la licencia de explotación de la fábrica ubicada en esta capital gallega.

Más allá del perjuicio para Ence y para Galicia, donde emplea a unas 5.000 personas, el problema está para los cientos de industrias ubicadas en la desembocadura de ríos o en costas españolas, que pueden seguir el mismo camino en los próximos años.

Sorprende, además, que Antonio Garamendi, el responsable de la gran patronal española, siga en su autocomplacencia en lugar de levantar la voz de alarma sobre el desierto industrial que se avecina.

Si tenemos en cuenta, que el déficit amenaza otra vez con desbordarse, que la hucha de las pensiones está agotada y que el empleo de calidad, como el industrial, es un bien escaso y en extinción, creo que se puede afirmar sin temor a equivocarnos que estamos sentando las bases para la próximas crisis como los socialistas ganen las elecciones y mantenga su política. Si en el cóctel añadimos la subida de impuestos que ha quedado en el cajón, el destino económico puede ser aún mucho más cruel.

PD.- La junta de Dia se saldó, como adelantamos en este espacio, con la victoria del ruso Mijaíl Fridman, propietario de casi el 30% de la cadena de supermercados española. Fridman prepara un opa, seguida de una posterior ampliación de capital, para quedarse con todo a precio de derribo. El único inconveniente está en la banca, que debe aceptar una quita, para facilitar al ruso su cruento asalto. La negativa de la banca abocaría a Dia a la suspensión de pagos y dejaría en el aire unos 26.000 empleos solo en España. Los poderes públicos deberían estar atentos a la negociación, si no quieren que el escándalo les salte a la cara en vísperas de las elecciones.