Presión sobre los costes laborales

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, protagonizó ayer el último Ágora de elEconomista, en el que aseguró que las bases máximas de cotización volverán a subir un 2019. Valerio fue tajante al desmentir que el incremento llegará a la cota histórica del 12%, de la que llegó a hablar recientemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF); en realidad, el alza quedará por debajo del 10%.

Como la propia ministra resaltó, un alza de las bases máximas era previsible, dado que es un movimiento coherente con el avance de las bases mínimas que el Gobierno ha decidido ya para el próximo ejercicio. Además, este incremento de la aportación de los sueldos más altos es una constante en todos los años desde 2013 (la última subida se produjo en agosto pasado).

Ahora bien, estas decisiones plantean desde entonces un importante debate, aún no resuelto, acerca de la ausencia de una contrapartida en la cuantía de las pensiones a las que las mayores bases máximas dan derecho.

Este hecho crea conflictos con el principio de contributividad sobre el que se cimenta el funcionamiento de la Seguridad Social española. Pero, además, a la hora de decidir cuál será el alza concreta de las bases máximas planeada para 2019, debe tenerse en cuenta el delicado momento en el que se lleva a cabo para las empresas, debido a la presión que ya experimentan los costes laborales que afrontan. Al ya alto nivel propio de las cotizaciones sociales, se suman un alza del 22% del salario mínimo interprofesional y la posibilidad de que suba la tributación por el Impuesto de Sociedades.

El Gobierno debe tener en cuenta este contexto, para no poner en riesgo la capacidad de crear empleo de las compañías.