Elecciones: no importa el cuándo, sino el cómo

Los medios de comunicación no paran de hacer cábalas sobre la fecha de las próximas elecciones generales. Considero, sin embargo, que la cuestión importante no es tanto esa como las condiciones y medidas adoptadas para llegar a esos comicios.

Dados los últimos resultados electorales y la limitada posibilidad de que el ínclito Sánchez logre aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2019, prorrogándose los actuales de forma automática, el asunto se centra, desde una perspectiva económica, en las diversas medidas que el Gobierno adoptará hasta entonces, todas ellas encaminadas a la captación de votos y, por tanto, serán medidas muy populistas, paternalistas y electoralistas, aunque su resultado final y a largo resulte en la pérdida de libertad para los ciudadanos y de riqueza futura para nuestra economía.

De momento, retornan los vientos a favor para el Gobierno, pues el petróleo vuelve a moderarse mucho (las expectativas a largo no conjeturan el retorno de precios desorbitados, más allá de circunstancias coyunturales concretas) y se ha moderado la presión al alza de los tipos de interés, dada la ralentización -otra vez- de la recuperación y crecimiento económicos mundiales. Por cierto, la intervención y el proteccionismo gubernamentales de la economía están en gran medida implicados en los lastres del crecimiento.

El problema de tales medidas son las consecuencias y resultados no previstos

Esta coyuntura permite a un Gobierno con objetivo cortoplacista centrarse en medidas del tipo antes señalado, como la subida de los salarios mínimos; la ampliación de los permisos por paternidad; mayor gasto en asistencia social (incluida inmigración); más gasto público, también para las autonomías, y más recaudación para cumplir con los objetivos de déficit, pero incidiendo, claro está, sobre "los ricos", junto con otras políticas "de efecto", tales como la reducción del aforamiento de diputados; la publicación de listas de morosos con Hacienda; anular la Lomce, especialmente en aquellas partes que exigen mayor calidad y esfuerzo educativo; eliminar la denominada "ley mordaza" o agitar insidiosamente la "Memoria Histórica". Después de todo, ¿quién se va a oponer a que todos ganemos más por nuestra actividad o tarea? ¿Quién no desea estar más tiempo con sus hijos recién nacidos? ¿Quién tan insensible como para no procurar cuidados y medios que permitan iniciar nuevas vidas o un futuro para muchas personas, de dentro y fuera de nuestras fronteras?

El problema de tales medidas son las consecuencias y resultados no previstos, ni deseados, pero reales y existentes, que entrañan y que, dependiendo de cómo se realicen, pueden empeorar a largo plazo la situación general (también de incentivos y de índole moral) de las sociedades que las aplican.

Aquí debe incluirse las repercusiones que sobre la tributación tienen esas políticas: de momento, e incluso a pesar de reconocer que la recaudación está superando las previsiones, Sánchez ya tiene prevista la fórmula para acometer la subida de impuestos, mediante Decreto ley, en caso de prórroga de Presupuestos.

Deberían haber hecho reflexionar a políticos y sindicatos sobre las medidas que realmente favorecen la ocupación

Constituye un buen ejemplo la medida estrella de subida del salario mínimo. Los economistas sabemos, al parecer salvo Stiglitz, que las fijaciones de precios por parte de las autoridades generan escaseces o, si se prefiere, distorsiones en los mercados relativas a la cantidad y calidad de los productos. Autores de la Escuela de Salamanca (mediados del siglo XVI), como Martín de Azpilcueta, advertían que las fijaciones de precios por parte de la autoridad eran innecesarias cuando no había motivo alguno, por ejemplo una escasez, e inoperantes en tales circunstancias, pues no lograban resolver el problema y, además, creaban dificultades en los mercados y la economía.

Tal sucede cuando se establecen límites a los alquileres en las ciudades, como dispuso el franquismo durante décadas y hoy propugna o legisla la izquierda. Otro tanto ocurre con el salario mínimo y los ajustes en la cantidad de empleo (desocupación), así como las asimetrías mostradas y, desde hace tantas décadas, padecidas por los mercados laborales en España. Deberían haber hecho reflexionar a políticos y sindicatos sobre las medidas que realmente favorecen la ocupación: mayor capital humano o formación; mayor productividad, ahorro e inversión; cambios importantes en la laboriosidad y la productividad total de los factores; o mejoras en la condición y mentalidad empresarial de nuestra economía ayudan mucho más que la estipulación de un salario mínimo.

Por cierto, lo de Stiglitz, por muy merecidamente (debido a otras aportaciones) que ostente un Nobel, es una falacia tramposa: el impacto positivo de la subida de salarios, que cifra hasta en un 100% en Seattle, sobre el empleo a que se refiere, omite u obvia que ha estado previamente acompañada de un aumento aún más importante en la productividad del factor y en la productividad total de los factores, es decir, de mejoras organizativas, del capital humano, del ahorro e inversión, de los sistemas productivos, de información, logística, etc.