Aún más litigiosidad en hipotecas

El Gobierno ya se moviliza anticipando el impacto presupuestario del fallo que el Pleno del Supremo pospuso a hoy. Es cierto que todas las soluciones están abiertas y que la institución explora incluso una tercera vía, para minimizar los daños al sector financiero. Ahora bien, existen ya tres sentencias firmes del Alto Tribunal que establecen la obligación del banco de sufragar ese tributo.

El Ejecutivo trabaja con la razonable hipótesis de que el nuevo veredicto seguirá esa senda y, siendo un conflicto fiscal, reconocerá la retroactividad máxima de cuatro años. Por tanto, al tratarse de un impuesto estatal transferido a las autonomías, todo apunta que serán los Gobiernos regionales los que tendrán que acometer las compensaciones.

Resulta indudable que esa situación pueda generarles tensiones de tesorería. Ante ese peligro, y los riesgos que sobrevuelan también al cumplimiento del déficit, es sensato el anuncio del ministro José Luis Ábalos. Habló de proporcionar financiación, seguramente en forma de créditos, para que las autonomías puedan hacer frente a esta nueva carga.

Resulta previsible que estas Administraciones demanden después a los bancos las compensaciones

Ahora bien, el problema estará lejos de solucionarse con este paso. Resulta previsible que estas Administraciones demanden después a los bancos las compensaciones. Las entidades, por su parte, estarían en su legítimo derecho de defenderse contra esa pretensión e incluso reclamar al Estado.

No en vano, el impuesto de las hipotecas está transferido a las autonomías, pero se rige por un reglamento estatal de 1995, que es el que establecía la obligación del cliente de sufragarlo. Todo apunta, por tanto, a un muy preocupante aumento de la litigiosidad entre Administraciones, bancos y clientes, que perjudicará al mercado hipotecario.