Taxis y VTCs compartidos, el futuro de la movilidad

El transporte es, sin duda, el sector que peor evolución ha tenido en las últimas décadas en cuanto a emisiones nocivas se refiere en nuestro continente al ser el único que, lejos de reducir su impacto medioambiental, lo ha incrementado significativamente en un 30% desde 1990.

Ahora la Comisión Europea, dentro de su estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente, estudia cómo aplicar nuevas medidas efectivas que mitiguen el impacto ambiental que supone el elevado volumen diario de desplazamientos, sobre todo en las áreas urbanas. Una de estas soluciones pasa por promover el uso compartido de taxis y VTCs. La Comisión, a través de un reciente comunicado oficial, ha instado de forma contundente a los Estados Miembros de la Unión a que fomenten y faciliten que los ciudadanos puedan tener acceso a estos servicios compartidos de transporte bajo demanda e incluso que reconsideren sus legislaciones vigentes relativas a los mercados locales para evolucionar hacia un reglamento que los garantice. De igual forma, aboga por la supresión de limitaciones obsoletas a la operación de los VTC (muchas de ellas en vigor en distintas ciudades españolas), así como a la equiparación de requisitos para la prestación de servicios por parte de taxis y VTCs. El documento no tiene el peso normativo de una directiva, pero sí establece de forma clara la posición de la Comisión en el marco de la estrategia medioambiental del continente. Las estadísticas avalan esta iniciativa. En el ámbito urbano, el taxi compartido podría, por ejemplo, reducir la flota necesaria en una ciudad como Madrid de 13.000 vehículos a tan solo 2.000 o 3.000, con una reducción de emisiones cercana al 50% (según modelos de la ITF-OCDE para distintas ciudades del mundo).

Si bien la entrada de los VTC como medio de transporte urbano en Europa vino de la mano del desarrollo del smartphone y las apps de movilidad geolocalizadas, la tecnología permite muchas más prestaciones que tan sólo habilitar un nuevo modo de acceso al cliente. El Demand Responsive Transport (DRT) aprovecha el desarrollo de algoritmos matemáticos basados en la inteligencia artificial para posibilitar que varios pasajeros que coincidan total o parcialmente en una ruta puedan compartir vehículo, reduciendo notablemente su coste de transporte, así como las emisiones asociadas. Dichos algoritmos de ejecución en tiempo real permiten por tanto un uso bajo demanda optimizado para el transporte de pasajeros en ámbitos tanto urbanos como rurales.

El transporte bajo demanda y compartido, ha tenido un fuerte desarrollo en muchos países del mundo por las importantes ventajas económicas y medioambientales que produce. Está ampliamente desarrollado en Alemania, Francia, Estados Unidos o Japón. En nuestro país se han desarrollado tan sólo aplicaciones puntuales más testimoniales que efectivas. Su implementación va desde solución de transporte en primera y última milla conectando zonas urbanas y empresariales con hubs de transporte (generalmente ferroviario) a soluciones de transporte en zonas periurbanas o rurales. En estas últimas (la conocida como España vaciada) esta tecnología permite una notable reducción de costes frente a líneas de transporte tradicional de baja calidad (baja frecuencia y rigidez de rutas) e infrautilizadas, mejorando de forma extraordinaria la accesibilidad del transporte a los usuarios.

La tecnología de transporte a demanda compartido se utiliza igualmente para el tránsito de personas con alguna discapacidad, donde según modelos desarrollados para distintas mutuas sanitarias de nuestro país, podrían suponer un ahorro cercano al 25% de los costes asociados en las ciudades de Barcelona o Bilbao, un ahorro de emisiones superior al 20% así como una reducción de la flota de vehículos necesaria superior igualmente al 20%, todo ello con un porcentaje de viajes compartidos de un 45-70%.

Las ventajas de los taxis/VTC compartidos son, sin duda, abrumadoras, pero se encuentran en la mayoría de los países de la Unión con marcos regulatorios obsoletos que impiden su completo desarrollo. La acuciante necesidad de reducir el impacto medioambiental de nuestra actividad debiera a las distintas administraciones públicas en España a seguir el camino marcado por Bruselas.