La asignatura constitucional
José María Triper
De verdad que me gustaría creer a Pedro Sánchez cuando dice que la Constitución es la "hoja de ruta del Gobierno" pero si algo ha demostrado y demuestra cada día el Presidente es que ni tiene palabra, ni es de fiar. También dijo que no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno y se acuesta con ellos o que jamás pactaría con Bildu y hoy es socio preferente en esa coalición Frankestein que le sustenta. Los mismos socios que mientras Sánchez hacía profesión de fe constitucional en Murcia, aireaban un documento en el que afirmaban que esa misma Constitución "está agotada y deslegitimada" y pedían su derogación o su reforma para introducir, entre otros desvaríos, el derecho a la autodeterminación.
Dice sabiamente el refranero que hechos son amores, y los hechos demuestran que hasta ahora Sánchez no tiene escrúpulos para plegarse a todas las demandas, prebendas y expolios que le imponen esos socios bolivarianos, independentistas o herederos de los terroristas cuyo único objetivo es revocar la Constitución para destruir España y el sistema democrático nacido de la Transición.
Porque si en una cosa tiene razón Pedro Sánchez y suscribo, sin que sirva de precedente es en que "si la democracia representa algo es a la Constitución Española". Por eso es inaudito que en este país no se enseñe la Constitución en las escuelas, y que ningún gobierno se haya preocupado de incluir una asignatura constitucional obligatoria en las incontables leyes de educación que desde la Transición se han sucedido. Por miedo o por desidia unos, y otros para allanar el camino en sus aspiraciones de destruir la igualdad, la unidad, las libertades y la reconciliación que inspiran nuestra Carta Magna mediante leyes rupturistas y el acoso y derribo a la separación de poderes, la anulación del Parlamento y de la independencia judicial.
Es un principio elemental de la conducta humana que no se puede amar y defender lo que se desconoce y la realidad hoy, cuando se cumplen 43 años de su aprobación, la mayoría de los ciudadanos españoles, y sobre todo las nuevas generaciones, ni conocen ni han leído la Constitución ni son conscientes de lo que significa y representa.
Una asignatura obligatoria para enseñar la Constitución en los colegios, como existe en otros países de nuestro entorno, es la gran asignatura pendiente de nuestra democracia. Enseñar los valores de la Carta Magna y el espíritu, la generosidad y las renuncias de la Transición a las generaciones que ni vivieron el franquismo ni participaron en el esfuerzo colectivo de la restauración democrática y la reconciliación nacional y que, por ello, posiblemente desconocen lo que pueden perder porque siempre lo han tenido, debiera ser una prioridad para cualquier gobierno que se guíe por los principios de la libertad, el pluralismo, la tolerancia y el Estado de Derecho, fundamentos que se echan demasiado en falta en esta España del sanchismo gobernante.
Conocimiento y defensa de la Constitución que no significan que no se pueda reformar. Los tiempos cambian y hasta los edificios más firmes y perfectos precisan de acondicionamientos, pero sin modificar lo sustancial. Aunque si hablamos de reformas, tal vez deberíamos empezar por reformar la Ley Electoral para que el voto de un español de Murcia, Madrid, o Badajoz tenga el mismo valor que el de otro de Barcelona o d Bilbao, por ejemplo, eliminando el privilegio del que gozan los partidos nacionalistas. O ese anacronismo del concierto vasco y navarro que rompen la igualdad fiscal entre los ciudadanos y los territorios españoles.
Decía esta misma semana la ministra de Defensa, Margarita Robles, que cada uno de los ministros "tenemos una única obligación, trabajar pensando en los mejor para los ciudadanos". Pues ahí tienen algunas tareas urgentes de las que ocuparse, si de verdad quieren pensar en el interés general y no en sus propios intereses.