Pensiones: inevitable ajuste del gasto

Apenas han pasado unas semanas desde que el Gobierno presentó su plan para afrontar las jubilaciones de la generación del baby-boom, basado en elevar las cotizaciones sociales un 0,6% a partir de 2023, pero ya son evidentes sus grandes debilidades.

El consenso con los agentes sociales y con los partidos que constituyen el Pacto de Toledo se quebró. Además, es ya evidente que la medida no basta para compensar el alto déficit al que la Seguridad Social está abocada. Será necesario, por tanto, actuar también por la vía del gasto, en concreto siguiendo las directrices que marca la UE. Bruselas quiere que se inicie la evolución paulatina hacia el cómputo de toda la vida laboral en el cálculo de la pensión de los nuevos jubilados. Se trata de un paso que forzosamente reducirá la cuantía de esas prestaciones. Los expertos ya prevén que el paso de los 25 años que ahora se tienen en cuenta a 35 supondrá una rebaja del 8,6% para los asalariados y aún más (10%) para los autónomos. De hecho, en este último caso, quedará neutralizada el 60% de la subida en sus pensiones de la que se beneficiaron los trabajadores por cuenta propia acumulada en la última década. El incremento de su prestación desde 2011 no se anula totalmente, pero es cierto que queda muy mermado. Además, está por verse hasta qué punto se compensará con el plan para fomentar los planes de empresa, muy dirigido a autónomos y pymes, que el Gobierno ya lanza. Sin embargo, resulta inevitable el planteamiento de medidas que racionalicen el gasto de la Seguridad Social. No sólo influyen en ello las exigencias de Bruselas, cuyo cumplimiento es necesario para liberar las ayudas europeas. También lo exige la sostenibilidad misma del sistema público de pensiones.