Más daño a la creación de empleo

La propuesta inicial del Gobierno para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, ante el reto que suponen las jubilaciones de la generación del baby boom, sólo puede motivar severas críticas.

El primer planteamiento del llamado "mecanismo de equidad intergeneracional" se focaliza en una subida de las cotizaciones sociales del 0,5%, que se aplicaría durante diez años a partir de 2023, para volver a nutrir el Fondo de Reserva, ahora casi agotado. Las estimaciones preliminares sobre el impacto de esta medida dejan ya clara su endeblez. La recaudación extra prevista de 1.000 millones al año no sólo es insuficiente para que la hucha de las pensiones recupere su nivel previo a la crisis. Más alarmante resulta la abrumadora desproporción entre esa cifra y el déficit esperado de 60.000 millones en cada ejercicio que la jubilación de los babyboomers generará. Un desequilibrio de tan gran envergadura es el precio que el Gobierno está dispuesto a pagar a cambio de no tomar medida alguna de racionalización del gasto, ya que sólo se contempla esa posibilidad a partir de 2032 si la situación se vuelve todavía más crítica. En consecuencia, el Gobierno vuelve a fiarlo todo al incremento de los ingresos, cerrando los ojos a los perjuicios que esas medidas provocarán en el mercado laboral.

El alza de cotizaciones que planea el Gobierno tendrá una baja recaudación y perjudicará aún más a las empresas

La resistencia de las empresas ha sido repetidamente puesta a prueba por las alzas reiteradas y cuantiosas del Salario Mínimo desde 2018, a las que se han unido las amenazas de minar la flexibilidad en materia de contratación temporal y de negociación salarial. Si además se produce una subida de los ya muy altos impuestos al trabajo (pues eso son las cotizaciones), la creación de empleo será prácticamente imposible.