Incertidumbre sobre las nucleares

La decisión del Gobierno de recortar las retribuciones a la generación energética libre de emisiones de CO2 comienza a tener inquietantes efectos. Esa inesperada rebaja afecta de lleno al calendario y los planes para el cierre ordenado de las centrales nucleares pactado entre el Gobierno y sus propietarias, las grandes eléctricas.

Es cierto que estas últimas necesitan de una autorización administrativa para clausurar dichas instalaciones. Sin embargo, les corresponde a ellas la iniciativa a la hora de pedir la renovación de licencias para que las centrales continúen operando, hasta culminar el periodo de vida activa que se acordó. Las prórrogas para las instalaciones de Ascó y Trillo ya fueron solicitadas por Endesa e Iberdrola, pero se plantean ahora retirarlas. La posición de ambas es coherente con la legítima defensa de los intereses de sus accionistas ante el nuevo escenario que el Gobierno improvisó para responder al encarecimiento del recibo de la luz. No en vano el recorte de retribuciones aboca a ambas centrales a incurrir en pérdidas todos los años que transcurrirán hasta su clausura y aumentar los números rojos que ya acumulan. Esta situación se repetirá en el caso de los otros cinco reactores activos en España y todo el calendario de cierres quedará trastocado. Esta situación no sólo crea inseguridad jurídica; además, privará a España antes de tiempo de una fuente de generación necesaria para conseguir sus ambicioso objetivos de reducción de CO2.

El recorte de las retribuciones a estas centrales ha trastocado todo el calendario de cierres acordado con el Gobierno

Las eléctricas ya tienden la mano con soluciones como pactar una retribución regulada, con un techo y un suelo, para las centrales. Conviene que el Gobierno las escuche para evitar que el futuro de las nucleares vuelva a sumirse en incertidumbre.