Seguridad Social: situación ya crítica

La aplicación del llamado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) al gasto previsto en dichas prestaciones para 2021 ofrece una idea clara de los apuros que atraviesa uno de los pilares clave del Estado del Bienestar.

El IRP es un parámetro creado por la reforma de 2013 que estima cómo debería evolucionar este desembolso para evitar que suba el déficit de la Seguridad Social. Para lograr dicho objetivo el año próximo, el IRP establece que sería necesario recortar las pensiones un 2,34%, cerca de 400 euros por jubilado. Obviamente se trata de una simulación. En los años que estuvo vigente, la aplicación del IRP tenía unos límites claros, ya que nunca se contemplaron rebajas en la nómina de los pensionistas; al contrario, se estableció que sus remuneraciones subirían, como mínimo, un 0,25% todos los años. Además, el Índice ha dejado de aplicarse, ya que las pensiones vuelven a estar ligadas a la inflación prevista. Sin embargo, la reactivación del IRP, aunque sólo sea como ejercicio teórico, arroja luz sobre los problemas que, precisamente, están creando esa misma revinculación al IPC (que el Pacto de Toledo quiere convertir en permanente) y los demás apartados suspendidos de la reforma de la 2013. Ése es el caso del cálculo del factor de sostenibilidad que, aun cuando no está oficialmente derogado, nunca ha llegado a entrar en vigor y ahora se halla en un limbo legal.

El avance de su déficit es ya tan grande que su control requeriría una medida tan drástica como bajar las pensiones

La anulación de todos los mecanismos para racionalizar el gasto de la Seguridad Social, unido a la reducción de las cotizaciones que la crisis ha provocado, empujará el déficit de esa Administración hasta la cifra récord del 2,36% del PIB en 2021 y seguirá creciendo en años posteriores. Su situación ya es crítica y en el inmediato futuro será insostenible.