Ajustes inevitables ya desde 2021

El BCE dio esta semana otro paso histórico al ampliar su programa de compras de activos hasta los 1,35 billones. También en breve se espera que arranque el plan de ayudas de la UE, que movilizará otros 750.000 millones. La magnitud de estas cifras puede estimular la falsa sensación de que un país como España tiene garantizados todos los recursos para superar la actual crisis.

 Adoptar esa postura equivale a ignorar el grave problema de base que nuestro país arrastra. Se trata de su ya muy elevada deuda pública y la necesidad de financiación (entre renovaciones y captación de nuevos recursos) que acarrea, la cual oscila entre 300.000 y 350.000 millones al año, según el Plan de Estabilidad del Gobierno. De ese montante, el BCE sólo puede adquirir un máximo de 150.000 millones en cada ejercicio. El hecho de que Fráncfort amplíe sus compras no supone que deje de someterlas a reglas muy estrictas. Igualmente, estará acotada la asignación que el futuro Plan Marshall destinará a España. Serán cerca de 36.000 millones al año que, sumados a las posibles ayudas de otros fondos (MEDE y SURE), llegarán al entorno de los 90.000 millones en cada ejercicio. Tampoco con este complemento, en el supuesto que pudiera dedicarse a este fin, se paliaría la ingente necesidad de financiación española. Habría un desfase de hasta 164.000 millones, capaz de crear fuertes tensiones a nuestro país en el mercado a medio plazo, pese al dopaje al que el BCE somete a las primas de riesgo.

Se engañan quienes piensen que el BCE y la Comisión pueden resolver la difícil situación financiera que España atraviesa

Por si fuera poco, ya desde 2021, la UE volverá a exigir la reducción del déficit estructural, que en el caso español ya supera el 5%. Será una situación inmanejable, pese a todas las ayudas europeas, si el Gobierno se sigue resistiendo a todo ajuste del gasto.