Opinión

La tormenta perfecta

    Rayos y truenos sobre la economía española

    José María Triper

    Muchas de las previsiones realizadas por prestigiosos economistas apuntan a que al final de este año tendremos una reducción del PIB del 25%, un paro en torno a esta misma cifra, un déficit público del orden del 15%, una deuda pública del 140% del PIB, mientras que los ingresos de más de la mitad de la población procederán del sector público.

    Un escenario aterrador que ya conocen en Bruselas, donde las autoridades comunitarias no se fían de un Gobierno y de su presidente, Pedro Sánchez, que les intentó engañar ocultando 2.000 millones en la cifra de déficit, y que una vez más también mintió a los españoles, el anunciar que el PIB bajará un 9,2% en 2020, mientras que en los datos enviados a Bruselas elevan la caída hasta el 14,3 por ciento. Una previsión que aparece en la actualización del Programa de Estabilidad enviado a la UE, en un cuadro que toma como base de los cálculos de caída del PIB las cifras de 2015.

    En la UE saben que España necesitará la intervención económica en un año más o menos

    En cualquiera de los escenarios, los máximos responsables de la Unión y de los gobiernos del Norte, con Alemania y Holanda a la cabeza, no dudan ya que, como confirman los analistas de Freemarket la situación española llevará a la intervención económica en aproximadamente un año. Y esa es la jugada de jaque que desde la UE le han encajado al Ejecutivo español, al establecer un MEDE sin condicionalidad para gastos relacionados con el Covid-19 en el que España podría solicitar hasta 24.000 millones de euros, cuando España va a necesitar en torno a 130.000 millones de euros sólo para afrontar los vencimientos en su deuda pública.

    Cierto que estos vencimientos en realidad no se amortizan, sino que se pagan con nuevas emisiones de deuda, pero como apuntan también desde Freemarket, con un déficit público de dos dígitos del PIB, una deuda por encima del 100% del PIB y unas expectativas económicas adversas a España le costará cada vez más colocar deuda.

    Aún suponiendo que nos creamos las utópicas previsiones del Gobierno y cerremos el ejercicio 2020 con un déficit del 9%, eso se traduce en desequilibrio adicional de 140.000 millones de euros, cantidad que sólo podrá ser enjugada con más deuda pública, elevando las necesidades de financiación del Estado para 2021 hasta la astronómica cifra del cuarto de billón de euros en un solo año.

    Es evidente que los mercados de capital no van a asumir semejantes emisiones, y sólo una compra masiva del Banco Central Europeo (BCE) podría resolver el estrangulamiento. Y, ahí si aparecerá la condicionalidad en forma de duros ajustes y recortes en servicios sociales, ante los que Sánchez no podrá decir que la UE le da la espalda, porque esta le ha dado el dinero del fondo y una cosa es ayudar a superar los efectos de la pandemia y otra pagar los desequilibrios estructurales de España. Rescate, pues, a la vista.

    Y, mientras la tormenta perfecta se avecina, el Gobierno fía la salida en esa Comisión para la reconstrucción social y económica que nace prácticamente muerta en cuanto a resultados por su politización y por la competencia en la materia de la mayoría de sus miembros. Mientras en Italia, el primer ministro Conte nombraba un equipo de 17 expertos para la recuperación, a cuyo frente ha puesto a Vittorio Colao, un economista y ejecutivo de prestigio internacional, ex consejero delegado mundial de Vodafone; aquí en España Sánchez impone como presidente de la Comisión a Patxi López, sin título conocido y que hizo su carrera política de la mano de Nicolás Redondo Terreros, al que luego traicionó. Y para rematar la faena coloca como vicepresidente, Enrique Santiago, comunista ejerciente e incondicional de Chávez y Maduro. Pues eso, que con estos mimbres mejor que en la Comisión se limiten a la fórmula de la compresa, que ni se note, ni se mueva, ni traspase.