Daño sin precedente en el empleo

El INE dará hoy a conocer la Encuesta de Población Activa (EPA) relativa al primer trimestre. Sería ingenuo pensar que esta estadística será capaz de aproximarse al impacto que la actual crisis supone para el mercado de trabajo.

 La epidemia sólo dejó notar sus devastadores efectos en una parte ínfima, las dos últimas semanas de marzo, de todo el periodo que fue objeto de estudio de esta EPA. Es más, desde que se inició el estado de alarma y el confinamiento posterior, han cobrado gran relevancia unos instrumentos de ajuste de plantillas, los Ertes, que no tienen impacto directo en las estadísticas. Como señalan el Banco de España y Funcas, los afectados por expedientes temporales de empleo son todavía ocupados ya que la empresa sigue pagando su cuota en la Seguridad Social. Por lo tanto, ni el INE ni Trabajo deben contabilizarlos como parados. Ahora bien, más allá de los requisitos administrativos, ningún análisis que pretenda calibrar el deterioro que realmente está sufriendo el empleo puede permitirse excluir a estas personas. No en vano, aunque su actual inactividad sea en principio temporal, ya son perceptoras del subsidio por desempleo y están especialmente expuestas a despidos definitivos en el corto plazo. Por ello, debe tomarse en serio la previsión de que, en junio, el 34% de la población activa española estará funcionalmente en paro, en parte reconocida como desempleada, en parte incluida en un Erte.

Una tasa del 34% de personas que están funcionalmente inactivas carece de parangón en la estadística laboral

Se trata de una tasa que carece de comparación en las estadísticas laborales de nuestro país. Por tanto, la amenaza de un deterioro en el mercado de trabajo que supere los récords de la anterior crisis, y someta a una tensión sin precedentes a las arcas públicas, es plenamente real.