Acordes y desacuerdos en el gobierno bipolar

Cinco asuntos de gran importancia en la actualidad política han conseguido visualizar los roces que se anunciaban para más adelante entre los dos partidos que conforman la coalición de gobierno progresista, ahormado tras el súbito pacto del insomnio. En solo dos meses los navajazos son ya tan profundos que las crónicas más documentadas y bien informadas hablan de posturas irreconciliables para lo que resta de legislatura, sea poco o mucho.

En el lado de los desacuerdos: la devolución de inmigrantes en caliente, la gestión de la crisis de los agricultores, la indemnización a la familia del reportero José Couso, la delirante ley de libertad sexual y la guía para empresas en relación al coronavirus. Todo ello ha teatralizado ante los ojos de la opinión pública cual es la verdadera relación entre los dos partidos más allá de las sonrisas y las declaraciones impostadas de unidad.

Cualquier parecido con la coordinación política y de comunicación que se nos anunciaba en los primeros compases del mandato es pura entelequia. Las relaciones entre destacados miembros del ejecutivo como la vicepresidenta Calvo y la ministra Montero serán complicadas desde ahora, o entre el ministerio de Igualdad y el de Justicia, dirigido por un machista frustrado. ¿Se han preguntado como puede alguien ser un machista frustrado? Como toda condición individual, se es machista o no, pero el vicepresidente Iglesias ha descubierto esta semana esa nueva acepción para su compañero de gabinete.

Nadie debe engañarse no obstante con estos destellos en forma de "rifirrafes", esa horrenda palabra que tanto se usa en el esquilmado periodismo español. No estamos ante las guerrillas de un partido sensato que quiere hacer las cosas bien frente a su socio impulsivo y poco experimentado que solo busca golpes de efecto ideologizados. En realidad son ataques de celos del PSOE al ver que le madrugan la acción de gobierno, porque en el fondo este partido centenario comparte las radicales soluciones de Podemos para asuntos como el feminismo o la inmigración. Y subrayemos que se trata de éste PSOE, no del PSOE al que todos creíamos conocer desde hace décadas.

¿O acaso le ha dado un ataque de responsabilidad a Pedro Sánchez para frenar una ley del sí es sí, cuando ha dedicado años a impulsarla? ¿O no lleva Carmen Calvo meses defendiendo lo mismo que Irene Montero ha puesto en su ley? (Fin de la presunción de inocencia de varón, sacralización de la autorización demostrada y comprobada para cualquier relación sexual, penas de cárcel por abuso o incluso por acoso criminalizando hasta el piropo). ¿O no piensa también el PSOE igual que la ministra Díaz que los trabajadores deben quedarse en casa con una mera sospecha de contagio del virus en la empresas, y que pague la fiesta el empresario, ese demonio de la sociedad contemporánea? No. La batalla no es por el fondo de las iniciativas, ni siquiera por las incorrecciones ortográficas, frases mal construidas o errores de numeración de un borrador de proyecto de ley. La batalla es por quién rentabiliza las iniciativas. Se trata de discernir cual de los dos socios en este gobierno bipolar lleva la pancarta, porque en realidad los dos defienden la misma pancarta.

En sentido contrario, los acordes entre PSOE y Podemos en los dos meses que dura ya el mandato de este ejecutivo se reducen a dos: el salario mínimo y su cerrada defensa ante las críticas por la subida del desempleo que provoca en sectores como la agricultura, y la posición común y monolítica ante el escándalo conocido como "Delcygate", la deshonrosa visita de un ministro que parecía todopoderoso, de madrugada, a la número dos de una tiranía antidemocrática sudamericana. Pero estos entendimientos en los que ambas facciones han mostrado una sintonía envidiable se corromperán con los desacuerdos ya conocidos, y los que están por llegar muy cerca en el horizonte: el endurecimiento de la jubilación anticipada y la comisión de investigación contra el Rey Juan Carlos, que volverá a colocar a los socios en posiciones enfrentadas.