La Generalitat saca a concurso la compra de urnas para el referéndum y la Fiscalía anuncia una querella

La Generalitat ha licitado por 200.000 euros el suministro de urnas para "las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana", según publica este martes el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), con las que pretende celebrar un referéndum soberanista después del verano. Una decisión que ya ha tenido respuesta de la Fiscalía, que ya ha anunciado que prepara una querella contra este concurso.

En un anuncio firmado por Francesc Esteve Balagué, secretario general del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, se licitan dos lotes, el primero de "urnas electorales transparentes" y el segundo de "urnas de cartón" por valor estimado de 184.000 y de 16.000 euros, respectivamente, lo que suma un importe total de 200.000 euros.

El plazo de presentación de las ofertas es de 15 días contando desde la publicación del anuncio de licitación y el lugar para presentarlas, el Registro general del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, situado en el número 26 de la Via Laietana de Barcelona.

Fuentes de la Generalitat confirmaron la semana que tenían previsto iniciar un proceso público para preseleccionar empresas que puedan proveer urnas con vistas a celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, unas 8.000 de metacrilato y 4.000 de cartón.

Tras conocerse la noticia, la Fiscalía ha anunciado que prepara una querella contra el Govern de Cataluña, aunque de momento no ha trascendido ni cuál será la Fiscalía encargada de presentar la querella ni los delitos que podría imputarse a los responsables del encargo, que vulneraría las prohibiciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

A pesar de la falta de detalles, el Govern ya ha reaccionado. La portavoz del Govern, Neus Munté, ha rechazado que la Fiscalía pueda actuar contra la compra de urnas, porque considera que les ampara la ley, y ha avisado de que no aceptará "amenazas ni intimidaciones" del Gobierno central.

Según Munté, ninguna normativa impide al Govern comprar urnas, y ha dejado claro que defenderán la libertad de las empresas suministradoras de trabajar normalmente ante posibles amenazas, además de destacar que cuando se concreten verbalmente analizarán cómo actuar.