El Gobierno puede aplicar el estado de alarma en Madrid de manera unilateral

La falta de entendimiento retratada este viernes entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid devuelve al escenario de la gestión de la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia la posibilidad con la que cuenta el Ejecutivo de aplicar el estado de alarma en parte del territorio.

Tras cinco días de trabajo, el 'grupo covid' que el lunes pactaron Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez para reforzar la coordinación no parece estar logrando el entendimiento anunciado y esto podría derivar en caminos descartados en un primer momento.

Y es que el Ejecutivo central cuenta, como medida más drástica, la capacidad de decretar el estado de alarma en la Comunidad, aunque hasta ahora han insistido en que ese sería "el último escenario. Ante crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves, "el Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad". Lo dice la ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio en su artículo cuarto. 

Además, no necesita la luz verde del Congreso de los Diputados; bastaría con que el Consejo de Ministros firmara un decreto aprobando la intervención para activarlo y solo debería acudir a la Cámara para informar de la declaración. Sí requeriría aval parlamentario sus posteriores prórrogas.

En principio, los planes del Gobierno no pasan por utilizar este poder. De hecho, Pedro Sánchez anunció, ante el crecimiento de casos que ha evolucionado en la segunda ola del coronavirus, que ofrecía el apoyo parlamentario a las CCAA que quisieran acudir al Parlamento para solicitar esta herramienta si así entendían que lo requería la situación.

Sin embargo, las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, de este viernes dejan la puerta abierta a opciones hasta ahora no planteadas. Contundencia y sin atajos, ha pedido, sin descartar ejercer más fuerza sobre Madrid si la situación no evoluciona de manera favorable: "Vamos a ver cómo evolucionan las cosas", ha matizado el ministro tras recordar que "corresponde a las Comunidades ir tomando las medidas que estimen oportunas".

Entre ellas también están la aplicación de la ley general de Salud Pública, que no sería suficiente para restringir la movilidad, el artículo 155, que requeriría de la mayoría absoluta del Senado o el decreto de nueva normalidad, por el que el Gobierno se guardó la posibilidad de tomar el control ante situaciones que considere críticas (artículo 65).

Un primer aviso

En concreto, las anunciadas hoy no son suficientes para el Gobierno. El enfrenamiento en directo que han protagonizado Illa y el consejero de Salud Pública y Plan Covid, Antonio Zapatero, en sendas ruedas de prensa simultáneas ha dejado patente la falta de entendimiento y, posiblemente, ha significado el final de una tregua que se firmó el lunes.

Mientras que la de Zapatero estaba prevista y ha comenzado a la hora prevista, la convocatoria de Illa se ha realizado con apenas 10 minutos de margen y a la vez que el consejero anunciaba las ocho nuevas zonas de Madrid a las que se extienden las mismas restricciones que desde el lunes se aplican en 37 áreas sanitarias. Sin grandes novedades ni medidas generales más allá de las recomendaciones a la ciudadanía de evitar los desplazamientos innecesarios.  

No ha sido coincidencia que ambas comparecencias sucedieran a la vez. Illa ha aparecido ante los medios en una muestra de superioridad tras desoír en Sol la recomendación trasladada en las reuniones del 'grupo covid' que pasaban por cerrar la ciudad y los barrios con una incidencia mayor de 500 casos por cada 100.000 habitantes y extender la limitación de aforos y el cierre de bares y restaurantes a las 22:00 horas a toda la región.

Un primer aviso que podría desembocar en una nueva asunción de competencias si Madrid no cumple las expectativas de Moncloa.