El Poder Judicial avala con 12 votos frente a siete contrarios el nombramiento de la exministra Delgado como fiscal general del Estado
- El órgano de los jueces se divide ante la propuesta de Sánchez
- Algunos vocales votan a favor para evitar un 'peligroso' precedente
- El informe de idoneidad del CGPJ es preceptivo, no vinculante
Xavier Gil Pecharromán
Madrid,
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló este jueves que la exministra de Justicia Dolores Delgado cumple los requisitos formales para ser fiscal general del Estado con el apoyo de 12 vocales y con otros siete en contra, lo que da idea de la división de opiniones entre los vocales. No obstante, el informe no es vinculante y deberá ser debatido en el Congreso de los Diputados.
Fuentes de la Cúpula Judicial explicaron a elEconomista que, si bien una mayoría de vocales conservadores consideran que la proposición de la exministra como Fiscal General por parte del Gobierno de Pedro Sánchez es una provocación a la institución, algunos de ellos han considerado que una valoración más allá de la técnica podría crear un precedente peligroso de futuro, puesto que habría que debatir la conveniencia o no de cada cargo sobre el que deba informar la Institución.
Han votado en contra los vocales Nuria Díaz, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart.
Por ello, el texto aprobado se ciñe al aspecto formal de la propuesta, pero elude un pronunciamiento expreso sobre la "idoneidad" de Delgado para acceder al puesto de Fiscal General del Estado. En esta misma línea iba la propuesta remitida por el presidente del CGPJ, Calor Lesmes, a los vocales, evitando incluir el término "idoneidad", que se ha venido incluyendo en todos los informes precedentes.
Los votos particulares
Las fuentes consultadas, interpretan que para evitar una discusión más agria de lo previsto entre los vocales, resultaba más coherente que en los votos particulares que se emitan, se incluyan las discrepancias manifestadas en la reunión de la Comisión . Las críticas de los vocales que han votado en contra, justamente se han centrado en su nivel de "idoneidad" para el cargo.
En el texto, Lesmes decía que "se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada", que consisten en ser jurista española de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión". Los requisitos, establecidos por el Estatuto del Ministerio Fiscal, son ser un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional.
Críticas han sido algunas asociaciones de fiscales y de jueces, al considerar que su reciente desempeño al frente de la Cartera de Justicia le resta independencia e imparcialidad. En este sentido, la Asociación de Fiscales mostró en un comunicado su "sorpresa y malestar ante la noticia, aunque recalcando el "respeto profesional y personal que le merece quien ha sido compañera de Carrera". Estas asociaciones han visto afectada su "firme voluntad de velar por la autonomía de todos los fiscales.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por su parte, defendió este jueves el nombramiento de su antecesora, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado. "Es una profesional impecable", manifestaba el ministro a su llegada a la entrega de premios de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur), su primer acto oficial como ministro. Campo ha destacado la urgencia de renovar el CGPJ.
Nombramientos paralizados
El Pleno del CGPJ también acordó paralizar el nombramiento de cargos judiciales "en la confianza de una pronta renovación de la institución, una vez constituidas las Cámaras después de las últimas elecciones generales y formado Gobierno".
Los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volverían a ponerse en marcha si en un tiempo prudencial "se constatan avances de cara a esa renovación, a fin de evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia, ha informado este órgano", según transmitió el Consejo. Entre las plazas pendientes, tres en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.