Transportes aprueba la orden que agiliza la instalación de puntos de recarga en las red de carreteras

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado la Orden Ministerial que regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio.

Todo ello con el objetivo de agilizar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en la red de carreteras del Estado, tal y como adelantó elEconomista.es el pasado mes de febrero.

Esta Orden modifica la Orden del 16 de diciembre de 1997 con el objetivo de permitir una mayor agilidad en el proceso de instalación de instalaciones de puntos de recarga. Así, la Orden TMA/227/2023, de 21 de marzo, permite la presentación de una declaración responsable en la que el titular de la autorización de la instalación principal manifieste que: ostenta la titularidad de la instalación principal y que se muestra conforme con la actuación solicitada por el interesado. Además, cuando la instalación principal tenga acceso directo a una vía de titularidad estatal u ocupe el dominio público, el contrato deberá instrumentarse en documento público, tal y como se recoge en el BOE del pasado 24 de marzo.

Con esta modificación se permite que la autorización pueda otorgarse al titular de la instalación principal o al de la instalación de recarga eléctrica. Además, esta Orden reduce las cargas administrativas del procedimiento, así como el plazo de resolución del expediente, lo que permite impulsar el despliegue de la red de puntos de recarga en la red de carreteras. De esta manera, "el solicitante deberá acreditar quien ostenta la titularidad de la autorización de la instalación principal, así como la conformidad de su titular con la actuación solicitada, mediante un contrato con el titular de la instalación de recarga en que queden reflejadas las obligaciones de las partes y, en particular, la asunción por el titular de la instalación principal de las obligaciones dimanantes de la nueva autorización".

Esta modificación normativa forma parte del conjunto de reformas que establece el plan de agilización del despliegue del vehículo eléctrico, como parte del Componente 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; Plan de choque para una movilidad sostenible, segura y conectada.

Todo ello con el objetivo de impulsar la red pública de recarga para vehículos eléctricos. Y es que España se comprometió con Bruselas, a través del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRTR), a alcanzar entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga públicos desplegados al cierre de 2023. El año 2022 terminó con un total de 18.128 puntos de recarga públicos instalados en España. Una cifra insignificante si se tiene en cuenta que el año pasado se tenía que haber cerrado con un total de 45.000 puntos de recarga de acceso público, necesarios para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).