Cataluña prevé volver a emitir deuda en el mercado en 2025

El Govern ha dado los primeros pasos para elaborar los presupuestos autonómicos de 2025. En el diseño de las cuentas públicas suele tener mucho peso el informe de orientaciones presupuestarias que elabora anualmente el equipo de la Consejería de Economía. Este documento, publicado por última vez en junio aún bajo la presidencia de Pere Aragonès, abre la puerta a la posibilidad de que la Generalitat vuelva a acudir a los mercados financieros a partir del próximo año para satisfacer sus necesidades de endeudamiento.

De cumplirse este escenario, se daría un vuelco a las finanzas públicas de la Generalitat. Desde 2012, la administración autonómica se ha financiado casi en exclusiva a través de diferentes mecanismos del Estado tanto para cubrir las amortizaciones de deuda viva como para hacer frente al propio déficit de los ejercicios. A partir de 2014, estos instrumentos quedaron agrupados bajo el llamado Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA). El más conocido es el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), del cual entre 2012 y 2023 Cataluña ha recibido 102.622 millones de euros. Esta dotación supone casi el 40% de la totalidad del FLA y, justamente, su condonación parcial ha formado parte de las negociaciones entre PSOE y ERC.

Según los técnicos de la Generalitat, las perspectivas del cuadro económico permitirán volver a sondear los mercados en busca de capital. Desde el departamento que ahora dirige la socialista Alícia Romero se puntualiza que las agencias de rating han mejorado desde 2021 la calificación crediticia del bono catalán. Se ha pasado así del grado especulativo, conocido coloquialmente como bono basura, hasta el grado de inversión.

Se insiste entonces que si la autonomía todavía no ha llamado a la puerta de los inversores no se debe a la nota de las agencias sino a las condiciones fijadas por el Estado para acudir a los mercados mientras se perciben recursos del FLA. Entre estas pautas se incluyen el objetivo del déficit y el periodo medio de pago a proveedores.

El gobierno catalán contravino ambas condiciones en el año 2019, fijado como referencia dado que con la pandemia del Covid y, posteriormente, con la escalada inflacionaria y la guerra de Ucrania se suspendieron las reglas de estabilidad presupuestaria durante el periodo 2020-2023. De resultas, el Govern no ha podido simultanear el cobro del FLA con la colocación privada de bonos.

Regreso paulatino

Literalmente, el análisis recoge que "de cara a los siguientes ejercicios, se ha considerado que Cataluña cumplirá los requisitos necesarios para ir saliendo gradualmente a los mercados. Aun así, el elevado volumen de las necesidades de financiación de la Generalitat hará que sea necesario seguir contando en gran medida con la adhesión a los mecanismos de liquidez". Por tanto, se ve factible asumir el -0,1% de objetivo de déficit marcado por el Gobierno para los ejercicios 2025, 2026 y 2027, con el que las comunidades han ganado dos décimas más de margen fiscal.

En cualquier caso, el regreso a la coyuntura anterior a 2012, cuando la solvencia de la Generalitat cayó por los suelos y se vio obligada a solicitar un rescate al Estado, será muy lenta. Los economistas de la consejería prevén emisiones del 5% sobre la deuda total en 2025, del 10% en 2026, del 15% en 2027 y del 20% en 2028. Por tanto, el salvavidas del Estado seguirá siendo fundamental mientras las reglas fiscales, pese a su relajación, seguirán marcando la política económica de las administraciones.

Por otro lado, se estima una reducción paulatina de la deuda respecto a su peso sobre el PIB. En 2025, la ratio deuda/PIB se situaría por debajo del 30%, hasta llegar al 28% en 2028. En 2025, la deuda viva de Cataluña escalaría hasta rozar los 89.000 millones.

Estas magnitudes no recogen algunos flecos pendientes de ejecución. El mayor es la condonación de 15.000 millones del FLA, un compromiso que los republicanos pactaron con el PSOE el pasado otoño y que volvió a salir a la palestra con motivo de las negociaciones para investir a Salvador Illa. Su materialización reduciría el porcentaje de endeudamiento sobre la actividad económica.

Conviene recordar que el informe orientativo de 2022 ya planteó la hipótesis de nuevas emisiones en los mercados de deuda. El estudio se elaboró mientras el posconvergente Jaume Giró ocupaba la cartera económica del ejecutivo catalán. Pero aquel escenario dependía de una flexibilización de las condiciones de endeudamiento por parte del Ministerio de Hacienda que jamás llegó. Las recomendaciones presupuestarias durante la etapa de Giró especulaban con salir al mercado en 2023, también con una colocación inicial del 5%.

Alerta por los intereses

El nuevo Govern liderado en solitario por el PSC no tiene por qué atarse totalmente al contenido del documento que, sin embargo, conserva su valor prospectivo. Así, se recuerda que los compromisos de gasto en el sector público administrativo a cargo de ejercicios futuros ascienden a 5.175 millones para 2025 y a un total de 16.156 millones para el cuatrienio 2025-2028. Se va más allá y se cifra en 20.500 millones la losa que deberá asumir la administración autonómica entre 2029 y 2060 en concepto de concesiones u otras obligaciones a largo plazo, como el pago de derechos de superficie, los peajes en la sombra o las inversiones programadas por los operadores de transporte controlados por la Generalitat.

También se alerta de que pese al ingente volumen de deuda pública, la Generalitat consiguió ir reduciendo la carga de intereses hasta el año 2022 debido a los bajos tipos de interés. El cambio de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, pese al recorte de la semana pasada del 0,25%, altera esta situación y aboca a un contexto de intereses más onerosos. Si a esto se suma la vida relativamente corta de la media de cartera de deuda (a 5,2 años), se prevé un aumento importante del gasto en intereses en los próximos ejercicios.