Falso ruido de opa en 10 compañías del Ibex ante la aprobación de las acciones de lealtad

La bolsa española tiene un perfil más cercano al de una compañía familiar que a firmas que son pasto de la vorágine de las posiciones cortoplacistas. Estas representan un 30% de las 35 del Ibex y cerca de 30 compañías en todo el Mercado Continuo.

Pero aún así el Gobierno, siguiendo la estela europea, quiere reforzar el papel de los grandes inversores del mercado a través de la figura de las acciones de lealtad que, en definitiva, lo que permiten es que doblen sus derechos de voto en las juntas quienes lleven más de dos años en el accionariado. Tanto reforzarían su papel que el resultado es que solo un tercio del selectivo nacional sería susceptible de ser opado, que son básicamente aquellos que cuentan con un free float (capital libre) elevado -los bancos, Santander, BBVA y Sabadell; Telefónica, Repsol e Iberdrola-.

Los otros dos tercios o bien ya están en manos de accionistas de referencia -es el caso de Endesa, Mapfre, Siemens Gamesa, Bankia o Aena- o lo estarán cuando sus inversores significativos dupliquen el voto, siempre y cuando así lo decida la compañía, como podría suceder con CIE Automotive, IAG, Bankinter, Red Eléctrica o Merlin Properties.

Escasez de opas

En el Ibex hay, en este momento, diez compañías que cuentan con un accionista mayoritario cuya participación daría acceso a un porcentaje de derechos de voto superior al 30%. Se trata de Naturgy, Inmobiliaria Colonial, IAG, Bankinter, Merlin Properties, Red Eléctrica, Acerinox, Indra, Cellnex Telecomm y CIE Automotive -donde Acek, el holding de la familia Riberas, quedaría en el 29,81% en caso de doblar su voto-.

Ese 30% es el umbral en el que todo inversor está obligado a lanzar una opa en España. ¿Se verá entonces una avalancha de compras? No. En cambio, los accionistas mayoritarios reforzarán su poder. "El proyecto de Ley adopta para estos casos un régimen de dispensa muy similar a los ya previstos" en la Ley de opas, afirman desde la cartera que dirige Nadia Calviño. Según recoge este texto, "la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dispensará de la obligación de formular la oferta pública de adquisición (...) si otra persona o entidad tuvieran un porcentaje de voto igual o superior (...) o que este no designe a más de la mitad de los miembros del consejo" de la compañía. "Estos votos de lealtad reducen las posibilidades de éxito de ofertas (opas), lo que vuelve a premiar en exceso al mayoritario frente al minoritario y resultan también en una peor valoración de la compañía", asegura Javier Borrachero, socio de Finance Academy y analista de Kepler Cheuvreux. El hómologo legislativo en Francia se conoce como Ley Florange que, básicamente ha permitido al Estado galo "bloqueó con su 15% la fusión de Renault con FCA (Fiat Chrysler)", concluye el experto. Algo parecido puede ocurrir en REE o Indra, que ya se consideran activos estratégicos del Estado -como lo fue BME en su opa este año-.

En el plano privado, la italiana Edizione ostenta un 16,5% de Cellnex Telecom -ha reducido a la mitad la participación que heredó de Abertis- y alcanzaría el 33% de los derechos de voto. Los cataríes podrían hacerse con el control de Inmobiliaria Colonial, donde ostentan el 20,2%, y también en IAG, llegando al 50% del voto gracias a la participación del 25,1% de Qatar Airways. Por encima del 50% del voto estaría también la Fundación La Caixa en Naturgy; y en Bankinter Jaime Botín alcanzaría el 45,8% a través de su sociedad Cartival. Esto no quiere decir que lograran la mitad de los votos, ya que estos aumentan en proporción al número de derechos de voto doble.

Blindar al mercado

El Gobierno, que ya prohibió la compra por parte de extracomunitarios de una participación significativa -a partir del 10%- de una cotizada sin que contara con su permiso, persigue ahora con este proyecto de ley reforzar las mayorías de control y blindar a España ante posibles opas. El Banco de España y la EBA (Autoridad Bancaria Europea) se han puesto de lado, porque creen que tiene más inconvenientes que ventajas, como lograr financiación barata o dar entrada a un nuevo accionista cuando ya hay uno con un porcentaje de control elevado.

En todo caso, no se trata de una medida inmediata. La semana pasada el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros una trasposición parcial de la directiva comunitaria de 2017 por la que se modifica la Ley de sociedades de capital. Ahora debe ser el Congreso quien lo ratifique, aunque fuentes de Economía desconocen cuánto tiempo podría durar la tramitación. Cuando entre en vigor, las compañías pueden adoptar en sus estatutos sociales esta posibilidad previo paso por la junta de accionistas y comenzarán a contar dos años para poder acceder a las conocidas como loyalty shares.

Según explican desde Economía, "para obtener la atribución del derecho de voto doble, el accionista debe indicar número de acciones respecto de las que pretende el reconocimiento del derecho de voto doble" y mantener en su poder ese porcentaje por un dos años, como mínimo.