La inversión responsable da más protagonismo al gestor

Van cayendo los mitos que durante años han rodeado a la inversión socialmente responsable, una tendencia que, según los cálculos de Bank of America Merrill Lynch, aglutina hoy 20 billones de dólares (unos 18 billones de euros) bajo gestión pero que en 2030 habrá duplicado esa cifra.

El primero de ellos es el de que seguir esta tendencia merma la rentabilidad de las carteras. Según los datos de Morningstar, en un 2019 en el que los principales mercados han subido a ritmos de doble dígito, los fondos que invierten con criterios ASG -medioambientales, sociales y de buen gobierno- han sacado músculo: se anotan un 23,4% en el año, igualando (prácticamente) a los grandes selectivos mundiales y haciéndolo mucho mejor que los fondos en general y que el Ibex 35. 

Carteras que limitan la caída

Un reciente estudio de Afi y de Allianz Global Investors concluye que la ISR es más rentable, gracias a que "suele incluir compañías con balances más sólidos" y a que "el mayor control de variables de riesgo no financieras incrementa la estabilidad de estas empresas". De la misma investigación se extrae que estas carteras no son menos volátiles, pero sí reducen la caída máxima (drawdown) que sufren las cotizadas a causa de eventos de cola. En definitiva: evitan los riesgos de tener en cartera un Volkswagen o un Facebook. En Fidelity International consideran que, como mínimo, esta tendencia "puede ser tan rentable como la inversión convencional". 

Quien invierte con criterios ASG no siempre quiere salvar el planeta; a veces solo busca proteger su cartera

Como consecuencia de lo anterior, también se está derrumbando la premisa de que quien invierte con criterios ASG lo hace siempre para cambiar el mundo. "Hay quien los aplica porque piensa en el bien del planeta, pero también quien los utiliza como una herramienta para medir el riesgo", señala Gracia Campos, responsable de selección de fondos de inversión en Deutsche Bank. No es sino "otra forma de gestionar riesgos", apunta Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM en Iberia y Latinoamérica. Este experto pone el énfasis en el papel del gestor de fondos en un universo de inversión muy amplio, en el que los proveedores de datos –como Sustainalytics, MSCI o Bloomberg- ganan relevancia día. 

¿De qué forma se introducen estos criterios en las carteras? Algunas casas aplican un filtro de exclusión; es decir, no invierten en determinados sectores por considerar que se dedican a negocios poco éticos. Otras optan por el best in class, que consiste en posicionarse en las compañías que mejor lo hacen en términos de ASG respecto a las comparables de su sector. Otras hablan del best in universe (eligen las mejores, pero de todo el universo de inversión, de modo que no tiene que haber necesariamente representación de todos los sectores en la cartera). En otros casos -y todos estos enfoques se pueden combinar entre sí- las firmas integran los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza en el análisis fundamental de toda la vida. También hay firmas que se limitan a indexarse y ofrecen fondos que replican el comportamiento de índices sostenibles. 

Proveedores que no coinciden

"En la inversión responsable existe una heterogeneidad [de metodologías] brutal; pero la realidad es que quien toma la decisión última es el gestor", recalca Gonzalo Rengifo, que añade: "Es casi imposible digerir toda la información, y él es quien conoce las compañías. Teniendo en cuenta la variedad de mercados, no te puedes fiar de la calidad de los datos de proveedores externos, ese es el problema". Especialmente en los mercados más opacos, por ejemplo en algunos países asiáticos, donde el trato directo con los ejecutivos se convierte en la única forma de conocer las tripas de una compañía.

Los proveedores de datos han ido cobrando protagonismo con los años. Las agencias de datos financieros han ido comprando homólogos especializados en información medioambiental, social y de gobernanza: Morningstar ha adquirido un 40% de Sustainalytics, Moody's entró en Vigeo Eiris y S&P Global ha anunciado la adquisición del negocio de calificaciones sostenibles a RobecoSAM. 

La aportación de estas enormes bases de datos ha sido vital para que las gestoras se subieran al carro de la sostenibilidad, pero su trabajo no está exento de controversias. Una misma empresa puede obtener un buen rating sostenible de un proveedor y uno malísimo de otro; el motivo es que sus criterios son distintos. Lo comentó David García, director de ISR de Santander AM, en la VIII Edición del Ciclo Empresas que aportan valor al accionista, organizada por elEconomista. "Si, por ejemplo, analizas los ratings financieros que proporcionan S&P y Moodys's para una misma compañía, los datos de ambas son muy similares, tienen una correlación superior al 90%. Pero si haces lo mismo con los ratings de sostenibilidad, la correlación es inferior al 50%", explicó.

Ignacio Perea, director de inversiones de Tressis, está de acuerdo en que esas "enormes diferencias" confieren un mayor protagonismo "no ya solo al gestor, sino a todo el proceso de inversión de cada casa. Porque puede que tu proveedor construya su ratio dando la misma importancia a cada una de las tres siglas del acrónimo ASG y que tú prefieras ponderar más la G. Los proveedores aportan un elemento de contraste muy importante, pero otra cosa es poner tu decisión de inversión en sus manos". Sonia Fasolo, gestora de fondos ISR de La Financière de l'Echiquier (LFDE), también descarta la opción de "confiar ciegamente en las calificaciones de las agencias de calificación extrafinanciera", y opta por "el análisis interno y el seguimiento de los valores de pequeña capitalización ignorados por los analistas".  

"Es cierto que los gestores se quejan de esas discrepancias", reconoce Fernando Luque, editor senior de Morningstar, "pero es que buena parte del análisis de la ASG es cualitativo", apunta. Además, aunque ocurra con los ratings de cotizadas concretas, "a nivel global no existen tantas diferencias; los datos de los dos grandes, MSCI y Sustainalytics, convergen", señala. Y a medida que la regulación exija más transparencia también habrá más indicadores y, por tanto, más homogeneidad. 

La regulación dispara los costes

En opinión de Sergio Míguez, socio fundador de Alternative Ratings, la normativa que prepara la UE para homogeneizar estos activos complica la supervivencia de las pequeñas gestoras independientes "sin una base crítica" que operan en España.

La regulación -que deberá estar vigente entre 2021 y 2022- se centra en tres pilares. El primero de ellos, un reglamento sobre divulgación, que obligará a mostrar avisos legales sobre la manera en que los gestores integran los criterios ASG en su proceso de riesgo. El segundo es la taxonomía: la Comisión Europea trabaja en la creación de un marco para delimitar lo que es verde y lo que no. Cualquier producto financiero sostenible comercializado en la UE deberá contar con una etiqueta que verifique su impacto medioambiental. La taxonomía solo afecta a la A del acrónimo ASG y permitirá, por primera vez, comparar de forma objetiva dos fondos verdes y saber cuál lo es más. La tercera pata de la regulación es la creación de dos índices bursátiles para compañías de bajo impacto carbónico.

Carlos Magán (AFI): "A partir de ahora, todas las gestoras deberán detallar cómo aplican cada criterio ASG. ¡Nunca les habían obligado a esto! Y mucho cuidado si dicen que no los tienen en cuenta"

En opinión de Carlos Magán, socio de Afi, el gran cambio para las gestoras llegará de la mano del reglamento de divulgación. "A partir de ahora, todas las gestoras tendrán que elaborar un informe en el que expliquen cómo aplican cada criterio ASG. ¡Nunca les habían obligado a esto! Y mucho cuidado si ahí dicen que no hacen nada; el inversor les dirá que, si esos factores son útiles para medir el riesgo y ellas no los tienen en cuenta, se irán a otra entidad". 

El otro gran cambio, este ya en la parte de la comercialización, tiene que ver con una modificación del test de idoneidad que, desde la entrada en vigor de Mifid II, se realiza a los inversores para perfilarles. Este test deberá preguntarles, además, si prefieren invertir de forma sostenible. Todo esto, apunta Eva Hernández, colaboradora en Finanzas Sostenibles de Efpa España, impulsará el conocimiento de los factores de inversión responsable por parte del inversor, una concenciación que constituye "un auténtico desafío".

Los temores de la industria

"Me da mucho miedo esta revolución", reconoce Gonzalo Rengifo, de Pictet, "porque toda regulación encarece el servicio". Es previsible que, a esa pregunta de si prefiere invertir de forma responsable, la mayoría de clientes respondan "sí". Y "no hay medios para implementar todo lo que conlleva ese sí, porque te obligarán a hacerle al cliente una disclosure sobre cómo llevas a cabo tus políticas de ASG, cómo mides esos criterios, cómo esos factores van afectando a su inversión... ¡Es absurdo! Y supone mucho dinero". Al igual que Sergio Míguez, considera que existe el riesgo de que las pequeñas gestoras independientes acaben desapareciendo. 

"Incorporar esas novedades supone unos costes adicionales, bien porque te obliga a contratar expertos en estos temas o porque delegas el tema en un software que tampoco es gratuito", comenta Ignacio Perea. Gracia Campos, de Deutsche Bank, añade: "También debes tener el producto detrás, y tenerlo bien estructurado para responder a esa demanda". El plazo para hacerlo -entre 2020 y 2022 debe estar todo implantado- no es muy extenso, pero todos ellos creen que las casas españolas llegarán a tiempo. Cuentan con la experiencia de la gran revolución que supuso Mifid II, que ya les obligó a pisar el acelerador a fondo.