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Aprobadas 16 plazas de juez para la segunda instancia

  • Tres están asignadas a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional
  • Las 13 restantes a los Tribunales Superiores
Foto: Archivo

Pedro del Rosal

El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de 16 nuevas plazas de magistrados para hacer efectiva la segunda instancia penal para las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional. Junto a los puestos en las salas de los tribunales, el Real Decreto (RD) también recoge la creación de nuevas plazas de letrados de la Administración de Justicia y la adaptación de las relaciones de puestos de trabajo del personal de los órganos afectados.

Hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobada en 2015, las resoluciones de estos tribunales no podían ser recurridas en apelación, una circunstancia que contravenía el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por España en 1977. Tan solo las sentencias y autos dictados por los jueces de Instrucción y de lo Penal podían impugnarse en segunda instancia.

Con esta medida, según el Ministerio de Justicia, se mejoran las garantías de los ciudadanos ante los juzgados y tribunales, al dotarles de más sus recursos procesales en el ámbito penal. Además, al culminarse la vía ordinaria de recurso en cada comunidad autónoma, se refuerza a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) en el ámbito procesal penal.

Asimismo, el departamento que dirige Rafael Catalá manifestó su confianza en que la medida sirva para descongestionar la carga de trabajo que sufre el Tribunal Supremo, permitiéndole recuperar su función de introducir uniformidad y seguridad jurídica en el sistema penal a través del recurso extraordinario de casación.

Distribución

En previsión de la carga de trabajo que la segunda instancia creará en los tribunales competentes para resolver los recursos, de las 16 nuevas plazas, tres se han asignado a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y 13 en las Salas de lo Civil y de lo Penal de determinados Tribunales Superiores de Justicia.

Seis de ellas corresponden al TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla; tres al TSJ de Cataluña; tres al TSJ de Madrid; y una al TSJ de la Comunidad Valenciana.

En esta distribución también se ha tenido en cuenta la dispersión geográfica y el número de Audiencias Provinciales dependientes de cada TSJ.

El Ministerio de Justicia se ha comprometido a evaluar, dentro de 18 meses, la carga de trabajo y las necesidades existentes en relación a la segunda instancia penal para abordar la posible creación de más plazas de magistrados.

El CGPJ lo ve insuficiente

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alertó, el pasado 7 de marzo, en su informe al proyecto de RD, que la dotación de plazas podía ser insuficiente para atender al incremento de la carga de trabajo. En concreto advertía de la situación que puede crearse en los Tribunales de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

En el caso del TSJ valenciano, el informe del Pleno del CGPJ proponía "alcanzar la dotación de tres plazas de magistrado". Para el tribunal catalán, por su parte, sugería "incrementar en una plaza el número" hasta llegar a cuatro.

En Andalucía, se avalaba la creación de dos Secciones de Apelación en el TSJ, pero advertía como necesario ampliar "en un magistrado la dotación de plazas previstas", hasta un total de siete.

El documento, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, señalaba la conveniencia de que la fecha de la efectividad de la dotación de plazas de los Tribunales autonómicos coincidiera con la de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; es decir, el próximo 1 de junio.

El informe fue aprobado con 19 votos a favor y dos en contra.